La administración electrónica será realidad en 2008
La Administración central dispondrá de dos años, hasta finales de 2008, para ofrecer sus servicios por internet o cualquier medio electrónico, según el proyecto de ley que el Consejo de Ministros remitió este viernes a las Cortes. Para las comunidades autónomas este plazo se amplía hasta el año 2010.
El objetivo del proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas es que estos últimos puedan realizar todas sus gestiones administrativas por medios electrónicos, de forma que los ministerios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos estarán obligados a ofrecer sus servicios por internet, teléfonos móviles, televisión o cualquier medio electrónico futuro.
La Administración central tendrá que haber contraído plenamente esta obligación a finales de 2008, como muy tarde, mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos dispondrán de dos años más, hasta 2010. La iniciativa, promovida por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cuenta ya con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas y de los representantes de los ayuntamientos, que han participado en su elaboración y han sido tenidos en cuenta a la hora de aportar sugerencias.
Según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, las tres administraciones estarán obligadas a facilitar aquello que el ciudadano les pida, independientemente de cual de ellas sea competente, de forma que no se tengan que presentar papeles adicionales cuando éstos ya estén en poder de un Ministerio, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento. Según los cálculos efectuados por el Gobierno, esta forma de proceder ahorrará a cada ciudadano 300 euros al año. La Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevos servicios electrónicos a partir de 2008.
Entre los derechos que la ley reconoce al ciudadano figuran la realización de todas sus gestiones por medios electrónicos, la elección del canal de acceso a los servicios públicos, la posibilidad de hacer gestiones 24 horas al día los 365 días del año, y la consulta de los procedimientos en marcha.
Junto a ello, la Administración contraerá la obligación de facilitar toda la información por medios electrónicos, garantizar la máxima confidencialidad de los datos y el respeto al uso de las lenguas cooficiales.
Primera agencia para evaluar políticas públicas
Con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros, este viernes fue creada la Agencia de Evaluación de las políticas públicas, encargada de valorar la calidad de los servicios que presta la Administración con el fin de conocer mejor los efectos y el resultado de las políticas y los programas públicos, así como para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía.Esta es la primera Agencia Estatal que se constituye con la finalidad de elaborar metodologías y sistemas de información e indicadores, fomentar la calidad y analizar los servicios prestados a los ciudadanos por las agencias estatalesEsta nueva Agencia no sustituye la capacidad de decisión de los gestores públicos y tratará de suministrar valoraciones técnicas independientes, con recomendaciones argumentadas y rigurosas, para que quienes deciden lo hagan en mejores condiciones.También podrá evaluar políticas gestionadas por las comunidades autónomas a través de convenios de colaboración voluntarios.