Fraude fiscal

Hacienda investigó a cien sociedades por la trama del IVA

Hacienda rechaza una de cada siete solicitudes de inscripción en el Registro de Operaciones Intracomunitarias, que permite compraventas con países de la UE exentas, por tanto, de IVA. La trama de fraude de este impuesto, destapada el jueves, tiene su origen en ese tipo de operaciones.

Hacienda ha denegado en lo que va de año la inscripción de 3.600 supuestas empresas en el Registro de Operaciones Intracomunitarias (ROI) -un requisito previo para realizar compras o ventas con empresas de otros países de la Unión Europea- sobre un total de 25.000 solicitudes. La pertenencia a la UE permite que dichas transacciones estén exentas de IVA, una circunstancia que, en ocasiones, sirve para defraudar a Hacienda con una serie de compraventas encadenadas, ya en territorio español, que sí deberían incluir el impuesto.

La operación intracomunitaria, seguida de transacciones del mismo producto entre sociedades pantalla, permiten llegar al usuario final a un precio inferior al de los competidores, y causar un perjuicio a las arcas públicas. Esas mismas son las características de la trama descubierta el jueves por valor de 400 millones de euros, en la llamada Operación Medina. Según demuestran las cifras, esa técnica de fraude fiscal puede estar bastante difundida. De las 25.000 sociedades que solicitaron su inscripción en el ROI este año, un 14,4% han sido rechazadas. Eso sí, puede ser que una misma sociedad se presente con distintas denominaciones para 'probar suerte'. En la actualidad, alrededor de 200.000 empresas están inscritas legalmente.

Según fuentes de la Agencia Tributaria, la desestimación puede obedecer a defectos de forma pero, sobre todo, se debe a que las sociedades solicitantes no tienen estructura empresarial ni desarrollan actividad alguna, 'más allá de un buzón en la dirección declarada'. Por ello, desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, todas las empresas que tratan de inscribirse en el ROI son objeto de análisis en profundidad o visita domiciliaria. Todo para cerciorarse de que, al menos a priori, la finalidad de la inscripción no sea defraudar a Hacienda.

La jueza pide inhibirse

Hacienda difundió el viernes un nuevo comunicado respecto a la Operación Medina, en el que explica que, en el año largo de actuaciones de la misma, han sido investigadas cerca de un centenar de sociedades en nueve comunidades autónomas. Debido a la dimensión del caso, la jueza de instrucción de Málaga que lo lleva ha pedido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, informa Efe.

Muchas de las investigadas son sociedades trucha (la que compra la mercancía del país comunitario) o pantalla (las que realizan las compraventas en España). Estas últimas son, en su mayoría, sociedades limitadas con capital escaso y administradores insolventes. Su función pasa por hacer de parachoques a la vigilancia de las transacciones: cuantas más empresas pantalla se colocan, más difícil es el descubrir el fraude.

Entre Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia, se han realizado, de momento, 38 registros y 45 detenciones. Once de ellas se produjeron en Madrid, y nueve, en Andalucía. La trama, centrada en equipos informáticos y de telefonía móvil, llevaba funcionando desde 2003 y supone el mayor fraude del IVA conocido hasta la fecha.

El dueño de Meflur, sin pasaporte

La dirección del grupo Meflur, cuyo propietario, Bernabé Noya, fue detenido, negó el viernes cualquier vinculación de sus empresas con la trama del fraude del IVA. Noya fue puesto en libertad con cargos y le fue requisado el pasaporte después de declarar, mientras la nota calificaba de 'desproporcionadas' las detenciones y 'aparatoso' el registro de la sede central en Monzón (Huesca), informa Efe. El grupo alega que los hechos imputados por el juez instructor de Málaga 'son los mismos' que hace un año motivaron la querella puesta por la fiscalía de Huesca a instancias de la Agencia Tributaria, por un presunto fraude fiscal de 60 millones de euros en operaciones de IVA. Los trabajadores de Meflur se manifestaron el viernes en Monzón, en defensa de los empleos, y criticaron la actuación de la AEAT.

La otra empresa cuyo nombre ha trascendido en este caso del IVA, Infinity Systems, también rechaza cualquier participación. La fabricante de la marca Airis difundió a última hora del jueves una nota en la que afirma que 'la solicitud de la Agencia Tributaria ha sido meramente informativa', añadiendo que 'ni la empresa, ni ningún representante legal de la empresa, ha sido imputado o detenido en esas actuaciones'.

Desde AEAT declinan aclarar estos extremos, aludiendo al secreto del sumario.