El Gobierno será interlocutor único con la CE para el envío de información financiera
El Gobierno se garantizó ayer la interlocución única con la Comisión Europea en la transmisión de la información relativa a los fondos que reciben las empresas públicas de las distintas Administraciones, a pesar de lo cual logró sumar a CiU y al PNV al consenso sobre el proyecto de Ley de Transparencia.
El proyecto regula las relaciones financieras entre las tres Administraciones y las empresas públicas y fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso con competencia legislativa plena, por lo que pasa directamente a su debate en el Senado. Obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, pese a que esta formación política está de acuerdo con los aspectos sustanciales del proyecto y evitó presentar enmienda de totalidad cuando se debatió en el pleno del Congreso.
El proyecto de ley obliga a las empresas públicas estatales, autonómicas y locales a informar a la Intervención General del Estado sobre la recepción de fondos por parte de las distintas administraciones para que ésta, a su vez, remita estos informes a la Comisión Europea y los tenga a su disposición durante cinco años.
CiU argumentaba que este procedimiento contraviene el nuevo Estatuto catalán pues es la comunidad autónoma la que sin necesidad de pasar por el filtro de la Intervención General debe tratar directamente con los órganos comunitarios. Detrás de esta percepción, los nacionalistas catalanes escondían el temor a que la Intervención se convierta en un órgano fiscalizador de las ayudas concedidas por la Generalitat a las empresas públicas catalanas. Sin embargo, CiU reconsideró ayer su posición gracias a una enmienda transaccional aceptada por el PSOE en la que se garantiza que la remisión de la información a la Intervención se hará 'de común acuerdo' con las comunidades y se realizará 'a los solos efectos de evitar la dispersión de datos y facilitar a la Comisión Europea dicha información de manera agregada'.
El PNV se sumó también al pacto sobre el proyecto de ley de Transparencia gracias a la introducción en el texto de una disposición nueva en la que se detalla que la ley 'se aplica a todas las comunidades, respetando las competencias compartidas y exclusivas reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía'. La enmienda es de consumo interno para los nacionalistas ya que la ley de Transparencia tiene carácter básico y es de aplicación, por tanto, en todo el Estado.
El diputado del PP Francisco Utrera vio rechazadas sus enmiendas, en las que trataba de reforzar la interlocución del Estado con la CE y subrayar las responsabilidades en que incurrirán las administraciones que no remitan sus informes a la Intervención General.
El intento de evitar los abusos de posición dominante
Cuando el Senado apruebe el proyecto de ley de Transparencia antes de fin de año y éste entre en vigor, las empresas públicas quedarán obligadas a remitir a la Intervención General del Estado informes anuales sobre el dinero que hayan recibido de las administraciones públicas, ya sea directa o indirectamente, su utilización efectiva y los objetivos perseguidos por dichos fondos.Esta es una de las novedades más importantes que contiene el proyecto de Ley de Transparencia, cuyo objetivo fundamental es evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas públicas.