Sindicatos

El Gobierno da 149 millones a UGT por su patrimonio

El Gobierno ha aprobado devolver a la Unión General de Trabajadores (UGT) 149,4 millones de euros y la titularidad de 26 inmuebles para compensar al sindicato por el patrimonio que le fue incautado en la dictadura. La central que dirige Cándido Méndez tendrá que destinar esta cantidad a saldar la deuda de 151 millones de euros que tiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV.

El pasado viernes se supo que el Consejo de Ministros había decidido empezar a hacer efectivo el pago de la devolución del patrimonio histórico a UGT, pero el Ministerio de Trabajo no precisó hasta ayer la cantidad que sería devuelta al sindicato.

Finalmente, la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical, dependiente de Trabajo, estudió las 3.232 solicitudes de devolución patrimonial presentadas por UGT y ha considerado que sólo puede acreditarse la propiedad del sindicato en 856 de ellas. Estos expedientes aceptados supondrán el pago a esta organización de 149,42 millones de euros y la devolución de la titularidad de 26 inmuebles, que en su mayoría ya está ocupando UGT; si bien, la central podrá ahora venderlos.

No obstante, con toda probabilidad, la central destinará todo este dinero a saldar la deuda de 151 millones de euros que tiene pendiente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde 1993, cuando se concedió a la organización un préstamo para solventar el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV.

La devolución del patrimonio sindical por la cantidad que se ha valorado ha sido posible gracias a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reformó en marzo de 2005 la ley que fijaba los criterios de devolución de lo incautado a los sindicatos y que databa de 1986. Este cambio legal flexibilizó los documentos exigibles a los sindicatos para acreditar la propiedad de los bienes incautados.

El reintegro de esta cantidad, que saldrá del Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado que gestiona el Ministerio de Hacienda para que las cuentas públicas se hagan cargo de partidas imprevistas.

UGT emitió ayer un comunicado en el que calificó la decisión del Gobierno como 'un acto de justicia elemental' y aseguró que 'la reclamación presentada por UGT tiene una valoración económica muy superior a lo realmente aprobado'.

Sin embargo, el sindicato Comisiones Obreras, lejos de considerar justa esta devolución ha criticado duramente la decisión, que su secretario general, José María Fidalgo, definió como 'subsidiar (a UGT) de manera artera con el erario público'.

Estas declaraciones fueron hechas después de que CC OO presentara hace un año un documento con sello del Consejo de Ministros, en el que el Gobierno admitía que no podía acreditar que el patrimonio que iba a devolver a UGT fuera de su propiedad o, ni siquiera, si fue realmente incautado durante la guerra civil o la dictadura.

Ayer, CC OO, que recurrirá estos expedientes, volvió a expresar rotundamente su malestar por considerar que 'el Ejecutivo irrumpe en las elecciones sindicales', que registran en la actualidad su momento de mayor intensidad. Además, este sindicato considera 'difícilmente justificable que un acuerdo de esta naturaleza se haga efectivo cuando está pendiente de resolución un recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional', que fue presentado por el Grupo Parlamentario Popular en contra de la devolución del patrimonio.

Trabajo también está estudiando 4.525 solicitudes de devolución patrimonial del sindicato CNT, de las cuales ya se han estimado 171 por valor de 2,45 millones de euros; así como otras 1.370 solicitudes presentadas por la vasca ELA-STV y por los sindicatos agrarios.

25 millones en 1986 para las elecciones

Esta no es la primera vez que UGT cobra una compensación financiera con cargo al patrimonio histórico incautado tras la Guerra Civil. En los años ochenta el Gobierno de González entregó un pago de 4.144 millones de pesetas (unos 25 millones de euros) por los bienes solicitados por el sindicato y cuya propiedad estaba acreditada. Aquel dinero se empleó en las elecciones sindicales de 1986, en las que la UGT ganó por primera y última vez a CC OO.