El tribunal decidirá en un mes si archiva el caso de las cesiones de crédito de Santander

La Audiencia Nacional decidirá el próximo 20 de diciembre si archiva o no el caso de las cesiones de crédito del Santander. En esta causa, abierta hace 15 años por una querella de José María Ruiz Mateos, están imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública cuatro directivos del banco, entre ellos su presidente Emilio Botín, y 20 clientes.

Tanto la Fiscalía como los abogados defensores han solicitado al tribunal que decrete el sobreseimiento y archivo del caso por no existir más acusación contra los imputados que la popular.

Las Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), vinculada a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto y ex consejero de esta entidad, junto al partido Iniciativa per Catalunya, mantienen sendas acusaciones populares. æpermil;stas entienden que la normativa procesal no limita su legitimidad para impulsar en solitario el procedimiento.

El abogado de ADIC, Iván Hernández, alegó el viernes ante los magistrados de la Audiencia que la acusación popular no puede convertirse en 'adhesiva' a la acción del Ministerio Público, sino que ha de ser autónoma. Por ello solicitó al tribunal que desestime la pretensión de archivo de las defensas y la Fiscalía.

En caso de que prosperase la petición de sobreseimiento, las acusaciones aún podrían recurrir el auto de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo.

El caso de las cesiones de crédito, por el que se solicitan penas de cárcel por encima de los 100 años para los directivos de Santander, se remonta a 1988. Entonces, varias entidades financieras comercializaron un producto de ahorro por el que cedían a sus clientes la propiedad de un préstamo bancario, manteniendo la gestión del mismo.

En 1989, un decreto obligó a practicar una retención fiscal sobre los rendimientos obtenidos por los titulares de créditos cedidos. La normativa restó atractivo al producto, que se había convertido en un imán para el dinero negro. Tras una masiva regularización fiscal en 1996, la Agencia Tributaria y la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa.