La ley del suelo supera su primer escollo con el rechazo de PP y CiU
El proyecto de ley del suelo que sustituirá a la norma de 1998 todavía en vigor inició ayer su recorrido parlamentario con la derrota en el Congreso de las enmiendas de totalidad defendidas por el PP y CiU. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, expresó su confianza en que las nuevas medidas que incorpora sobre valoración del suelo sirvan para combatir la corrupción urbanística.
Trujillo inició la presentación del proyecto de ley recordando las palabras que pronunció en 1997 Rafael Arias Salgado, el primer ministro de Fomento de José María Aznar, en la presentación al Congreso de la norma sobre suelo todavía vigente. En ellas expresaba su convicción de que serviría para abaratar el precio de la vivienda. Sin embargo, los datos demuestran que en el periodo 1998-2005 el precio de la vivienda libre subió el 150% y el suelo urbano se revalorizó un 500%, foto compatible con una caída histórica en la construcción de vivienda protegida.
La ministra de Vivienda defendió que el proyecto de ley que ayer inició su trámite parlamentario servirá para combatir la corrupción urbanística ya que 'introduce transparencia en el sector inmobiliario y desincentiva la especulación' mediante un nuevo régimen de valoración del suelo más realista que quita peso a las expectativas de precios futuros. 'Habrá mayor participación de los ciudadanos en las decisiones urbanísticas y haremos una apuesta por hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas', señaló la ministra.
En varias enmiendas introducidas por el PSOE al proyecto de ley se posibilitará que aquellos desarrollos urbanísticos que prevean crecimientos de población o superficie urbanizada superiores al 20% sean sometidos al filtro previo de las comunidades autónomas, una iniciativa pensada para frenar las irregularidades bendecidas por los ayuntamientos tentados de dar el visto bueno a planes urbanísticos de este calibre sin someterse a este control. El Gobierno central obligará también a que ayuntamientos y comunidades tengan que tener en cuenta los informes de impacto ambiental en las grandes operaciones urbanísticas que promuevan.
Estas y otras iniciativas que serán canalizadas por el PSOE, Esquerra Republicana e IU, los tres grupos sobre los que se asienta principalmente el respaldo al proyecto de ley del Suelo, sirvieron de pretexto al PP y a CiU para defender sus enmiendas de totalidad, que fueron derrotadas. El Bloque Nacionalista Gallego retiró la suya.
Para vivienda protegida
El portavoz del PP para vivienda, Pablo Mato, argumentó que una de las 'propuestas estrella' del proyecto, la reserva del 25% del suelo de uso residencial para pisos protegidos, no aportará novedad alguna porque la han incorporado casi todas las comunidades autónomas, incluso con porcentajes superiores al previsto desde el Gobierno central como son los casos de Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, el País Vasco y Navarra. A juicio de Mato, 'lo único que persigue la ley es abaratar las expropiaciones por parte de las administraciones públicas'.
El diputado de CiU Jordi Jané rechazó el texto porque, en su opinión, invade competencias exclusivas que ampara el Estatuto catalán.