La Audiencia inicia hoy el juicio a Botín por las cesiones de crédito

El juicio por el caso de las cesiones de crédito del Santander arranca hoy. Dos acusaciones populares piden penas de más de 100 años de cárcel para el presidente de la entidad, Emilio Botín, y otros tres altos cargos, por delitos fiscales. Es la primera vez que se inicia en España un juicio oral sin parte perjudicada, pues la Agencia Tributaria retiró sus cargos.

Han pasado 15 años desde que José María Ruiz Mateos interpusiera una querella contra el Banco Santander por un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco. La entidad cedía al cliente un crédito a cambio de un precio, pero lo seguía administrando. La acusación considera que este producto se comercializó para evadir impuestos.

Tras innumerables avatares procesales, los magistrados de la Audiencia Nacional deliberarán, entre hoy y mañana, sobre las cuestiones previas del juicio (testigos, pruebas y peritos). Tanto las partes como la Fiscalía también pueden solicitar la suspensión o incluso la anulación de la causa.

La acusación popular la ejerce, por una parte, una asociación ligada a Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto y condenado por el caso Conde, que mantiene otros 22 procedimientos judiciales contra Botín. La otra acusación la sostiene el partido Iniciativa per Catalunya.

En ambos casos solicitan penas que van de los 90 a los 180 años de prisión para Emilio Botín, el ex consejero delegado Rodrigo Echenique, el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable, por 30 delitos contra la Hacienda Pública, y cuatro delitos continuados de falsificación documental.

Una de las circunstancias más polémicas del caso es el hecho de que ni la Abogacía del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía hayan solicitado pena alguna para los imputados. Según fuentes jurídicas, ésta es la primera vez que se inicia un juicio sin que exista un perjudicado.

Las acusaciones populares no se pueden considerar parte perjudicada por el presunto delito fiscal. Esta circunstancia podría llevar a los abogados defensores, Horacio Oliva y Gonzalo Rodríguez Mourullo, a solicitar al tribunal el sobreseimiento del proceso.

El diputado de Iniciativa, Joan Hereu, calificó ayer de 'desvergüenza' que la Fiscalía no esté en la acusación.

El origen del proceso está en un producto que comercializó el Santander conocido como cesiones de créditos. Entre 1987 y 1991, el banco realizó cerca de 45.000 operaciones con las que captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), aunque, según reiteran fuentes de la entidad, los clientes normalizaron su situación con el fisco en 1996 mediante declaraciones complementarias y, en su momento, este producto era 'completamente legal'.

Amainan otros frentes del Santander

No todo son malas noticias para el Banco Santander. Ayer, la Fiscalía solicitó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el archivo de un querella presentada contra el presidente del grupo, Emilio Botín por Rafael Pérez Escolar. El ex consejero de Banesto acusa al banquero y a otros 21 ejecutivos del Santander de haber cometido un delito fiscal en la financiación de la compra del 1% de Banesto, tras su intervención por el Banco de España, por un montante superior a los 8.047 millones de euros. El fiscal indica que los hechos ' no son constitutivos de delito alguno'.