Telecomunicaciones

La plantilla de la CMT aboga por una segunda sede en Madrid

El ministro Jordi Sevilla fue el más claro: en unas semanas estará listo un nuevo decreto que valide el traslado de la CMT a Barcelona. Y eso, precisamente, descuentan los trabajadores del organismo. Hay consenso en que la vuelta a Madrid está descartada, pero piden que, al calor de la sentencia del Supremo, se cree otra sede en la capital.

La tranquilidad era ayer la nota dominante entre los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), al día siguiente de conocerse la decisión del Tribunal Supremo que anula el traslado del organismo regulador a Barcelona, al estimar un recurso de la plantilla y otro de la Comunidad de Madrid. Tranquilidad, cierta sensación de que la sentencia llega cuando el daño ya está hecho y un convencimiento total de que la resolución no tendrá ningún efecto práctico. Todos esperan a que se divulgue el contenido de la sentencia, pero dan por hecho que la CMT no se moverá de Barcelona.

'Parece difícil volver a Madrid', reconocía ayer Juan José Pérez, presidente del comité de empresa de la CMT, a la vez que insistía en la necesidad de conocer cuando antes la sentencia para saber a qué atenerse. Ahora, en cualquier caso, los representantes de la plantilla tienen un papel difícil, ya que están en el centro de tres colectivos: los trabajadores que se trasladaron desde Madrid, los nuevos empleados que se han contratado en Barcelona y las personas que abandonaron la institución antes de la mudanza y optaron por la recolocación.

Por ello, el comité no se aferrará a la sentencia para reclamar el regreso a Madrid, 'porque sería hacer pasar a los trabajadores de Barcelona por la misma incertidumbre y tensión que pasaron otros hace un año', explica. Lo que sí se hará es volver a abogar por una doble sede. 'Esa podría ser la solución', señala Pérez, ya que se mantendría la principal en Barcelona y se abriría una segunda en Madrid donde pudieran regresar algunos trabajadores que optaron por la mudanza o que fueron recolocados.

Lo más probable, sin embargo, es que no suceda nada y que la sentencia del Tribunal Supremo no suponga cambio alguno. Si el texto de la decisión lo confirma, todo apunta a que el único problema del real decreto que aprobó en 2004 el traslado de la CMT a Barcelona es la insuficiencia de los informes emitidos en el procedimiento. Este punto es fácilmente subsanable. Al Gobierno le basta con acatar la decisión del Supremo, anular el real decreto y hacer otro que no tenga ni lagunas ni errores.

Y así parece que lo hará el Ejecutivo, tal y como aseguró ayer el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El nuevo decreto estará redactado en cuestión de semanas, incluso podría estar listo para el Consejo de Ministros de mañana, pero se esperará a que se conozca la sentencia para redactarlo, según declaraciones recogidas por Efe.

En parecida línea, aunque menos contundente, se mostró Joan Clos, responsable del ministerio -el de Industria- artífice del traslado cuando tenía otro titular, José Montilla. El ministro aseguró ayer que el traslado de la CMT es 'irreversible' y añadió que se resolverán los defectos de forma del real decreto en cuanto se conozca la sentencia del Supremo. Donde sí fue rotundo Clos fue en sus críticas al Tribunal Supremo. 'No creo que convenga que los tribunales entren en las decisiones de cariz político', aseguró, en declaraciones recogidas por Europa Press. 'Corresponde al Ejecutivo establecer dónde se instalan las instituciones que dependen o están relacionadas con él', añadió.

El resto de las declaraciones de los afectados por la decisión de Supremo obviaron la crítica o la alabanza y se centraron en las repercusiones prácticas. Así lo hizo el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, quien aseguró no estar preocupado por la sentencia y señaló que, a la espera de conocer el contenido, todo apuntaba a un problema formal que el ministerio puede resolver y no a una cuestión de fondo sobre el traslado.

Lo mismo opinó el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La decisión del Supremo de anular el traslado de la CMT se debe a 'errores materiales' que 'se pueden subsanar y arreglar fácilmente' y negó que 'cuestione la capacidad del Gobierno para decidir dónde pone las sedes estatales'.

La que más satisfecha se mostró con la sentencia fue Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. 'Realmente, no creo que haya ninguna razón objetiva para que la CMT no pudiera seguir en Madrid, como nosotros habíamos solicitado', señaló.

Una sentencia y 13 votos particulares

La sentencia que dictó el martes la Sala Tercera del Tribunal Supremo aún tardará unos días en conocerse. Suele ocurrir cuando la resolución contiene votos particulares. Según fuentes jurídicas, a la sesión del pleno, convocado por el presidente Ramón Trillo, asistieron 32 magistrados que en su mayoría decidieron estimar los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores de la CMT contra el real decreto sobre cambio de la sede a Barcelona. La mayoría consideró insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del real decreto. Sin embargo, 13 de los magistrados emitieron votos particulares, lo que hará que se dilate el periodo necesario para redactar la sentencia, porque 'además, habrá que ver si los votos disidentes se engloban en un solo voto particular o son varios, lo que supondría un mayor retraso en la redacción final de la sentencia', según fuentes del Supremo.

La decisión de convocar al pleno de la sala tercera para analizar el recurso es potestad exclusiva del presidente de la sala, que decidió reunir al pleno desde que llegó el recurso al Supremo. Es él quien determina si un asunto debe verse por la sección correspondiente (compuesta por entre cuatro y seis magistrados) o por el pleno (31 magistrados más el presidente y cuatro eméritos). La mayor parte de los integrantes de la sala tercera pertenecen a la APM, asociación conservadora de jueces.