Urbanismo

Las CC AA podrán vetar los planes que eleven un 20% el suelo edificable

Entre las enmiendas presentadas al proyecto de ley de suelo destaca una del Grupo Parlamentario Socialista en la que propone aplicar más controles a los planes urbanísticos desmedidos. Aquellos nuevos desarrollos que supongan un crecimiento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio deberán ser revisados por la comunidad autónoma.

No se trata de otorgar más poderes de los actuales a las autoridades regionales, sino de aplicar con más rigor lo que ya dice la legislación urbanística en esta materia, explicaron ayer fuentes socialistas.

'Hasta ahora cuando un municipio quería llevar a cabo un nuevo desarrollo urbanístico en su territorio, aunque supusiera un crecimiento importante de población y superficie, no solía ser supervisado por la comunidad autónoma. Por ello, nosotros tan sólo planteamos recuperar ese control que ya existía de las regiones, pero que no se hacía efectivo', aseguró el portavoz del PSOE en Vivienda y Suelo, Francisco Contreras.

Otra de las enmiendas presentadas también hace referencia a la necesidad de que municipios y autonomías tengan en cuenta los informes elaborados por la Administración General del Estado cuando los planes urbanísticos se vean afectados por infraestructuras tales como carreteras o corredores ferroviarios. 'O simplemente los informes que determinan el impacto medioambiental de las obras previstas', añade Contreras. 'Respetamos el contenido del proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Vivienda, ya que responde al espíritu de lo que se pretendía conseguir: la reforma del sistema de valoraciones y el fomento de la vivienda protegida', aseguran desde el PSOE.

Los parlamentarios socialistas recuerdan que el texto remitido a las Cortes es una norma de suelo, no urbanística. Por ello y en paralelo a esta tramitación, el PSOE está elaborando un amplio conjunto de medidas para poner coto a las prácticas ilegales relacionadas con el proceso urbanizador.

Por su parte, el portavoz de Vivienda en el Congreso del PP explicó ayer que ha incorporado a sus 57 enmiendas parciales al proyecto de ley la propuesta de elevar la financiación de las haciendas locales para impulsar la formación de patrimonios públicos de suelo destinados a pisos protegidos.

CiU reclama un pacto de Estado anticorrupción

CiU plantea en sus enmiendas al proyecto de ley que el Gobierno proponga, en el plazo máximo de seis meses, un Pacto de Estado de medidas urgentes para atajar la corrupción en el ámbito del urbanismo.

El objetivo de esta medida sería poner en marcha medidas tendentes a evitar la especulación y desvincular las plusvalías generadas por las recalificaciones de las decisiones que adopten las distintas Administraciones Locales. Entre esas medidas, CiU sugiere la creación de nuevas fiscalías, iniciativas para perseguir las reclasificaciones y un plan de inspecciones fiscales. ERC centra sus críticas en el hecho de que algunos artículos invaden las competencias autonómicas, mientras IU solicita incrementar los porcentajes de cesión de suelos a los ayuntamientos.