Clos considera "irreversible" el traslado de la CMT a Barcelona
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha afirmado hoy que la decisión del Gobierno de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona es "irreversible" y que no conviene que los tribunales diriman sobre las decisiones políticas que tome el Gobierno. Esta mañana Clos también ha afirmado que actuará para resolver los defectos de forma del real decreto del traslado, una vez que conozcan la sentencia del Tribunal Supremo.
"No creo que convenga que los tribunales entren en las decisiones de cariz político, corresponde al Ejecutivo establecer dónde se instalan las instituciones que dependen o están relacionadas con él", aseveró Clos en los pasillos del Senado, en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar el traslado de la CMT.
"Es evidente que el Gobierno tiene la voluntad de descentralizar algunas instituciones del Estado, ha tomado una decisión política a este respecto y evidentemente defenderemos la opción política que hemos tomado y resolveremos los problemas formales que pueda haber en el procedimiento de la toma de decisión política", dijo.
Por otro lado, el ministro de Industria, durante las jornadas de The Economist, dijo, a preguntas de los periodistas, que están a la espera de conocer el texto de la sentencia del Tribunal Supremo y que una vez que lo vean darán respuesta a lo que les pida el supremo.
"Por lo que sabemos hasta ahora, parece que lo que hay en el contenido es una crítica o una denuncia sobre los aspectos formales" y una vez que lo sepamos "actuaremos para resolver, en todo caso, cualquier defecto que pueda haber en este sentido". Sobre la labor del anterior ministro de Industria, José Montilla, en relación con el traslado, dijo que "hizo un gran trabajo".
Ayer, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. El Supremo consideró insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto de 30 de diciembre que acordó el cambio de sede.