Industria acepta a Gámir para el Consejo de Seguridad Nuclear
El ex presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones y ex ministro centrista Luis Gámir, actualmente diputado del PP, será designado miembro del Consejo de Seguridad Nuclear tras el acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos.
El PP tiene en este organismo dos consejeros cesantes: la ex directora general de Minas Paloma Sendín y la hasta hace unos días presidenta del Consejo, María Teresa Estevan Bolea. El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, ha trasladado a la dirección del Grupo Socialista dos nombres para su relevo: el del ex ministro de UCD Luis Gámir, presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones en la etapa de José María Aznar en el Gobierno, y el del ex presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos Antonio Colino, apadrinado por Loyola de Palacio y Estevan Bolea.
Según fuentes socialistas, ninguno de los dos nombres ha sido del agrado del Ministerio de Industria, pero se imponía la necesidad de pactar con el PP la renovación parcial del Consejo, pues ésta alcanza también a un consejero designado en su día por el PSOE, el hasta ahora vicepresidente José Ángel Azuara, con el mandato vencido desde marzo.
Las reservas respecto a Colino proceden 'de su perfil pro nuclear y sus intereses en el sector energético', explican fuentes socialistas. En el caso de Gámir, provienen también del conflicto que podría derivarse de sus intereses en media docena de empresas, en las que, según los datos que obran en el Registro Mercantil, figura como presidente, consejero o apoderado. El sueldo como consejero del CSN supera los 120.000 euros anuales.
Clos frena la renovación total del Consejo que perseguía Montilla
El PP también tuvo en cuenta estas reservas y, según fuentes de este partido, se dirigió al propio Gámir para preguntarle por su compatibilidad con un cargo que lleva ambicionando desde que su nombre fue vetado para el Consejo del Banco de España. Gámir ha trasladado a la dirección de su partido que al ser miembro del Consejo de Seguridad Nuclear no incurriría en conflicto legal alguno porque 'es compatible'. El propio Mariano Rajoy ha avalado la propuesta, después de tener en cuenta otros candidatos propuestos por Miguel Arias Cañete y el propio Zaplana. Gámir declinó ayer hablar con este periódico, a la espera 'de que se haga oficial el nombramiento'.
Joan Clos comunicará en breve al Congreso los nombres que propone para el Consejo. Además de los dos que corresponde designar al PP hay uno que entrará a iniciativa del PSOE. Se trata de un catedrático catalán próximo al PSC experto en energía. Es muy probable que la actual consejera socialista Carmen Martínez Ten sea la que se haga con la presidencia del Consejo en sustitución de Estevan Bolea, recientemente jubilada (ver Cinco Días de 26 de octubre). El consejero designado por CiU, Julio Barceló, se mantendrá de momento en el cargo.
Fuentes socialistas reconocen que la intención del ex ministro José Montilla era proceder a una renovación total del Consejo, sobre todo después del descrédito que supuso para sus miembros su dudosa reacción ante el grave incidente registrado hace dos veranos en la central tarraconense de Vandellós. La renovación total del Consejo ha sido frenada por Clos.
Se aplicará la nueva ley sobre conflicto de intereses
Fuentes del Ministerio de Industria advirtieron ayer de que una vez se oficialice el nombramiento de Gámir como consejero del CSN éste tendrá que abandonar sus vínculos empresariales ya que la ley aprobada el pasado abril en la que se regulan los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado impone a estos últimos la dedicación exclusiva. En el artículo tercero, letra K, de la mencionada norma, se precisa que estas obligaciones serán aplicables al presidente y los vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la Comisión Nacional de la Energía, así como al presidente, a los consejeros y al secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. En realidad, las incompatibilidades afectan, pues, a todos los miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de supervisión.Además de la dedicación exclusiva al cargo público, la ley en vigor desde el pasado abril establece fuertes limitaciones patrimoniales en participaciones societarias. Los titulares de estos cargos no pueden tener, por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea su régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un 10% en empresas en tanto tengan conciertos o contratos en el sector público.