Cuatro batallas legales por la Ley del Tabaco
Cuando el pasado mes de enero Elena Salgado se felicitaba con optimismo por la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Tabaquismo, seguramente no imaginaba la rebelión normativa a la que tendría que hacer frente pocos meses después. Valencia, Castilla y León, La Rioja y Madrid son las cuatro comunidades autónomas que desde entonces han desarrollado normativas sobre el tabaco que, a juicio del Ministerio de Sanidad, desafían la ley estatal. Con el recurso presentado el viernes contra el decreto promulgado por la Comunidad de Madrid (que se une a los presentados contra las otras tres comunidades), Sanidad tiene ya cuatro frentes legales abiertos sobre la cuestión.
En el caso de Madrid, sin embargo, el enfrentamiento ha ido un paso más allá. Por un lado, el departamento que dirige Elena Salgado ha incluido en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de que se suspenda cautelarmente la norma autonómica; por otro, Esperanza Aguirre ha anunciado que presentará una cuestión de inconstitucionalidad en defensa de su derecho a legislar.
El recurso de Sanidad, según coincidían ayer distintas fuentes jurídicas, podría tardar en resolverse como mínimo un año. 'Se ha creado un laberinto procesal que tardará tiempo en resolverse. En ese sentido, la Comunidad de Madrid ha hecho algo jurídicamente impecable; tratar de ganar tiempo al plantear la cuestión de inconstitucionalidad', explicaba ayer Ignacio Sampere, socio director del bufete Abet & Sampere Asociados.
Los puntos de fricción más importantes entre la normativa promulgada por Esperanza Aguirre y el Ministerio de Sanidad afectan a tres grandes aspectos: la posibilidad de crear salas de fumadores en las cafeterías de empresas que tengan más de 100 metros cuadrados; el empleo de barreras de aire para separar las zonas de fumadores en los establecimientos hoteleros y el permiso para consumir tabaco en los reservados de establecimientos donde se celebren eventos privados.
Para los expertos jurídicos, no todos cuentan con las mismas posibilidades de mantenerse intactos tras el recurso de Sanidad. 'La ley estatal prohíbe fumar en todos los centros de trabajo, de forma que hay poco margen de interpretación para introducir modificaciones. Habrá que esperar a cómo lo resuelve el tribunal', señalaba ayer fuentes jurídicas en alusión al precepto de la ley madrileña que permite crear salas de fumadores en las cafeterías de empresas de más de 100 metros cuadrados.
En el caso de la posibilidad de instalar extractores y barreras de aire en las cafeterías y restaurantes, en vez de paneles opacos como sostiene Sanidad, la ley estatal es menos exacta y deja un mayor margen de interpretación. 'La Ley del Tabaco habla de barreras físicas, no alude a barreras 'opacas'. Eso es un concepto jurídico indeterminado, porque se puede sostener que el aire constituye una barrera física. Es algo sujeto a interpretación y yo creo que esa parte del decreto madrileño es perfectamente legal', señala Sampere, quien considera que los grandes perjudicados de la inseguridad jurídica que ha provocado el conflicto legal entre ambas administraciones son los establecimientos hoteleros. En el mismo sentido, algunos expertos consideran que la posibilidad de fumar en los reservados de los establecimientos en celebraciones privadas podría mantenerse pese al recurso de Sanidad. 'Un reservado en un restaurante no es una zona pública, puede considerarse un lugar privado, como un domicilio, y la ley no prohíbe fumar en un domicilio'.
11 meses de luces y sombras
El balance de efectividad de los 11 primeros meses de aplicación de la Ley del Tabaco tiene luces y sombras. Mientras para los médicos la norma es demasiado permisiva, los establecimientos hoteleros y la población fumadora la consideran excesivamente estricta. En el ámbito de la hostelería, el pasado mes de septiembre finalizó la moratoria para que bares y restaurantes de más de 100 metros introdujesen separaciones físicas entre las zonas de fumadores y no fumadores. En esa fecha sólo cuatro de cada seis establecimientos aseguraban cumplir la normativa, según fuentes del sector. En el caso de los centros de trabajo -en los cuales está totalmente prohibido consumir tabaco- algunas encuestas, como la de la empresa de trabajo temporal Alta Gestión, aseguran que más de la mitad de los trabajadores fumadores confiesa haber trasladado su hábito a la calle. Casi un 16% sigue fumando en su trabajo, aunque lo hace en el cuarto de baño. En el otro lado de la balanza, la Sociedad Española de Medicina de Familia afirma que un 46% de los pacientes de Atención Primaria ha procurado vencer su adicción en los últimos meses. Hay también cifras para quienes dudaban de la efectividad de la ley: en 2005 descendió en España un 0,6% la venta de tabaco.