Rusia reclamará a Shell hasta 15.600 millones por el proyecto de Sajalín-2
El Gobierno de Vladimir Putin está preparando una demanda contra Shell que puede llegar a los 15.600 millones de euros por los daños ambientales provocados por su proyecto petrolero en la isla de Sajalín.
El Gobierno de Vladimir Putin está decidido a seguir adelante con sus actuaciones contra el proyecto Sajalín-2, el mayor proyecto petrolífero y gasista que la anglo-holandesa Shell desarrolla en el país y la mayor inversión extranjera en Rusia (17.170 millones de euros).
El responsable de la agencia medioambiental estatal RPN, Olev Mitvol, avanzó ayer que el Ministerio de Recursos Naturales está ultimando una demanda contra Shell, valorada entre 15.000 y 20.000 millones de dólares (11.700 y 15.600 millones de euros), por los daños ambientales causados por la explotación y el perjuicio económico que causará al Estado el retraso y encarecimiento del proyecto respecto a los planes iniciales.
Los contratos de explotación compartida suscritos en la década de los 90 entre el Gobierno y las petroleras extranjeras prevén que las partes puedan dirimir los conflictos que surjan ante el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo y bajo las leyes estadounidenses.
Mitvol explicó que los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno ruso para el caso tendrán listo un borrador de la demanda en dos semanas. El pleito no se iniciará hasta que cuente con el visto bueno del primer ministro, Mijail Fradkov.
Sajalín-2 supone la explotación de uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo de Rusia, situado en la isla Sajalín, en el Pacífico. Cuando se complete su desarrollo, la explotación permitirá la extracción de 140.000 barriles de petróleo diarios (en la actualidad, el ritmo de producción es de la mitad), así como la operación de la mayor planta de licuefacción de gas natural del país, con una capacidad de 9.600 millones de toneladas anuales. El proyecto está operado por un consorcio que controla Shell, con un 45%, junto a las japonesas Mitsui (25%) y Mitsubishi (25%).
Los analistas creen que la posible demanda forma parte de una estrategia diseñada por el Ejecutivo de Vladimir Putin para acelerar la entrada de la estatal Gazprom en el proyecto con un 25% y en mejores condiciones de las contempladas en los contratos de explotación compartida.
El Gobierno de Putin quiere revisar los precios del petróleo contemplados entonces y dar entrada a empresas estatales, no sólo en la explotación de Shell, sino también en las que dirigen la estadounidense Exxon o la francesa Total. Según los contratos, el Estado no empezará a beneficiarse de las explotaciones hasta que éstas hayan cubierto las inversiones realizadas para su puesta en marcha.
La agencia medioambiental estatal RPN va a investigar también el proyecto Sajalín-1 de Exxon y Rosneft, el campo Samotlor de BP y TNK y las explotaciones de Lukoil y de Gazprom.