Neelie Kroes permite a los grupos Suez y GDF crear un gigante energético francés
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, autorizó ayer con condiciones la fusión de Gaz de France y Suez, una operación impulsada por el Gobierno francés para blindar su sector energético frente a empresas de otros países de la UE.
Las dos compañías se verán obligadas a hacer desinversiones en Bélgica. Pero han conseguido mantener, a través de Fluxys International, la propiedad de Zeebrugge, una terminal internacional de gas natural licuado situada en la costa belga que muchos analistas califican como 'la joya de la corona' de Suez.
La gestión de esa infraestructura crucial para el mercado gasístico europeo correrá a cargo de Fluxys S. A., una empresa en la que Suez/GDF podrá controlar el 45% del capital. Bruselas ha exigido que el grupo francés cree en esa empresa un comité ejecutivo independiente encargado de decidir sus planes de inversión.
En el capítulo de desinversiones, Suez deberá vender Distrigaz, el operador belga del mercado de gas, a una compañía que autorice la Comisión Europea. La prensa belga especula sobre la posible entrada de Eon. GDF, por su parte, deberá renunciar, como habían previsto desde el principio los analistas, a su participación en SPE, la segunda compañía belga por capacidad de generación.
Kroes califica estas concesiones como 'medidas correctivas radicales'. Y el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, celebró la fusión 'como prueba de que el mercado de la energía se está convirtiendo poco a poco en una realidad'.
El Gobierno belga, sin embargo, ha negociado con las empresas sus propias condiciones para intentar preservar la competencia en el mercado nacional. El acuerdo prevé que cedan parte de su capacidad de generación a SPE, con el objetivo de que esta compañía controle el 40% del parque nuclear del país. Bélgica se reserva una acción de oro sobre Suez cuyos términos aún no se han concretado. Y esa compañía, además, contribuirá con 100 millones de euros al llamado 'cheque del gas', una aportación pública que reduce la factura energética de los hogares belgas. Bruselas todavía no ha objetado formalmente este acuerdo.