La CE expedienta a Italia por bloquear la unión de Abertis y autostrade
La Comisión Europea salió ayer en defensa de la opa de Abertis sobre Autostrade y acusó formalmente a Italia de 'crear incertidumbres y desalentar a los inversores' con su reforma del sistema de concesiones de autopistas. El expediente contra Roma puede terminar ante el Tribunal de Justicia europeo.
La Comisión Europea envío ayer un requerimiento formal al gobierno de Romano Prodi para que, en el plazo de dos meses, justifique de manera fehaciente los objetivos políticos que persigue con la reforma urgente del sistema de concesiones de autopistas aprobada por Decreto el pasado 3 de octubre.
Bruselas sospecha que esa medida legislativa no es más que una estrategia para espantar a los inversores extranjeros y, en concreto, a la compañía española Abertis, interesados en el lucrativo mercado de las autopistas transalpinas.
La carta supone el primer paso del expediente disciplinario. Y su instructor, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, advierte que si la respuesta italiana no es satisfactoria enviará un dictamen motivado exigiendo la retirada del decreto italiano.
McCreevy acusa al Gobierno de Prodi de 'haber sembrado de incertidumbre' la futura renegociación de las actuales concesiones'. A juicio del comisario, el Decreto-Ley italiano 'no ofrece a los potenciales inversores una definición clara y objetiva sobre las circunstancias en que se concederá o rechazará la renovación de una concesión'.
El departamento comunitario de Mercado Interior cree que esa falta de claridad hace que, 'incluso si el Decreto no se aplica de manera discriminatoria', la norma es susceptible de 'impedir o hacer menos atractivo el ejercicio de la libre circulación de capitales'.
El disgusto de la Comisión se concentra en el artículo 12 del Decreto, relativo a 'la nueva disciplina sobre revisión de peajes y reforzamiento de los poderes de ANAS el organismo encargado de las concesiones'.
Cambio unilateral
El inocente enunciado esconde, según la Comisión, una seria amenaza para los intereses de Abertis y su oferta de adquisición de Autostrade, la mayor concesionaria de autopistas italianas.
Ese artículo prevé reemplazar todas las adjudicaciones actuales por un nuevo contrato de concesión (la convenzione unica) en el que se modifican de manera unilateral las condiciones aplicadas hasta ahora.
Para Abertis, que con su opa pasaría a controlar el 70% de las autopistas transalpinas, el decreto no ofrece otra alternativa que acatar los nuevos términos de la adjudicación. 'En caso contrario', critica la Comisión, 'la concesión se retira de manera automática'.
Italia, según Bruselas, no ha explicado los intereses generales que intenta proteger con una medida tan draconiana. La Comisión teme que el nuevo sistema simplemente sirva 'para crear incertidumbres que desanimen a los potenciales inversores en el sector'.
Italia también pretendía, con la misma norma, limitar al 5% los derechos de voto de las empresas de construcción que participen en el capital de concesionarias de autopistas. Roma parece haber renunciado a una medida que también hubiera perjudicado a Abertis porque entre sus principales accionistas figura ACS.
McCreevy celebra ese cambio de actitud, aunque insta al Gobierno italiano a 'materializarlo' por vía legal. De no ser así, también lo denunciará ante el Tribunal.
Un procedimiento demasiado largo
El expediente abierto ayer por la Comisión Europea contra el Gobierno italiano está sujeto a un ritmo de procedimiento muy alejado de la velocidad de crucero que requiere una opa. Si Roma no acata las órdenes comunitarias de anular el nuevo sistema de concesiones de autopistas, Bruselas tendrá que recurrir ante el Tribunal de Justicia europeo. Pero la sentencia podría tardar casi dos años en llegar, un plazo excesivamente largo para los intereses implicados en una fusión.Roma se ha preocupado, además, de desactivar el otro expediente comunitario, abierto contra el veto impuesto a la operación. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, disponía en ese terreno de poderes ejecutivos casi inmediatos para anular la injerencia del Gobierno italiano en su jurisdicción. Pero el Gobierno de Romano Prodi, consciente de que esa vía era mucho más rápida para Bruselas, ha aceptado retirar la decisión en contra de la fusión adoptada en agosto por ANAS, el organismo encargado de la concesión de las autopistas.