Andalucía pone nuevos cotos al urbanismo
La Junta de Andalucía sigue dando pasos para poner freno al urbanismo descontrolado y la especulación. Tras incentivar la VPO y fijar medidas excepcionales como la retirada de competencias a Marbella, la comunidad se dispone ahora a limitar los proyectos urbanísticos en función del agua disponible y de que no incrementen en más de un 30% la población del municipio afectado o el 40% de su superficie. Además, se ultima una normativa para regular los campos de golf, que no podrán asociarse libremente a macrourbanizaciones residenciales.
La reforma que prepara la Junta en forma de decreto, reclamada por el Parlamento andaluz a iniciativa de IU, impedirá que los nuevos planes generales de ordenación urbana de los municipios andaluces, que desde 2003 están obligados a adaptarse a la ley urbanística regional, puedan multiplicar varias veces su población y la extensión de su territorio. Las nuevas normas buscan un crecimiento más ordenado y sostenible de zonas como el litoral o las áreas metropolitanas y formarán parte del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), diseñado por la Consejería de Obras Públicas y aprobado por la Junta el pasado verano.
Este plan que ahora se discute en la Cámara andaluza apuesta por ciudades compactas cuyo crecimiento debe estar supeditado a la disponibilidad de recursos. En las áreas turísticas se dará prioridad a la integración de la oferta en núcleos urbanos existentes, evitando 'procesos de expansión disgregadores'. El POTA, que da las pautas de la organización física y espacial de la comunidad, apuesta por las infraestructuras ferroviarias y la racionalización del uso del agua.
El modelo se basa en cuatro sistemas: redes de ciudades, articulación territorial para el desarrollo de las infraestructuras, protección del territorio e integración exterior de Andalucía. Para la oposición, este plan, calificado de 'estratégico' por la consejera Concepción Gutiérrez, llega muy tarde, cuando ya se han cometidos toda clase de excesos urbanísticos.
Obras Públicas ya ha aplicado estos nuevos criterios en los 40 planes aprobados por sus delegaciones provinciales de Urbanismo a propuestas de los ayuntamientos, pero todavía restan por salir adelante más de 600. Para ello, la Junta prepara un decreto que aclare la norma. Y como aviso, en su presupuesto de este año, Obras Públicas ha consignado por primera vez una seis millones para demoliciones de edificios ilegales.
También la Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha incorporado nuevas limitaciones al urbanismo en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, actualmente en trámite parlamentario. Esta norma fija que todo proyecto urbanístico deberá contar obligatoriamente con un informe de evaluación ambiental de la Junta. Este informe será vinculante y valorará aspectos como la energía utilizada, los residuos y, especialmente, las necesidades y disponibilidad de agua.
Los empresarios dan la voz de alarma
Los empresarios andaluces temen que las nuevas medidas que impulsa la Junta pueden poner en peligro los dos motores de crecimiento de la economía andaluza, el turismo y la construcción, sin que existan por el momento alternativas de desarrollo. A juicio del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, las restricciones del POTA pueden conllevar siete años de 'parálisis absoluta' del sector de la construcción en la comunidad. 'Hacen falta mensajes claros a los inversores y disipar dudas porque si no es así se irán a otros sitios', defendió Herrero, quien denunció que a las normas se les da 'carácter retroactivo'. Los empresarios aseguran que estos cambios y los escándalos de corrupción paralizan ya muchas inversiones.