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Exigencia

La industria del combustible 'verde' pide más beneficios fiscales

España quiere adelantarse dos años a la obligación impuesta por la UE para 2010, que prevé que el 5,75% de los combustibles que consuma el transporte sea bioetanol y biodiésel. Pero antes tendrá que consensuar un marco para el desarrollo del mercado. La ndustria le ha exigido al Ejecutivo una exención fiscal de 10 años sobre el impuesto especial de hidrocarburos, mientras que los agricultores han pedido contratos plurianuales y mecanismos para revisar los precios.

Hoy se producirá la cuarta reunión de la Mesa Nacional de Biocarburantes, en la que están representados elMinisterio de Agricultura, las organizaciones agrarias, las cooperativas y las grandes industrias. En las tres primeras, cada uno de los interlocutores ha puesto las cartas sobre la mesa. La industria, que tiene una exención en el pago del impuesto de hidrocarburos hasta 2012, quiere que se amplíe hasta diez años desde que esté en marcha el negocio, lo que como mínimo supone llegar al 2017. Por su parte, los agricultores están dispuestos a aceptar que la industria reciba ayudas públicas, pero siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que se hagan contratos plurianuales que regulen las transacciones de materia prima entre los agricultores y la industria, que se dé prioridad a las industrias instaladas cerca de los agricultores y que se asegure un porcentaje de producción nacional.

Un buen paso en ese camino es el dado por Abengoa, que controla una gran parte de la producción española de bioetanol. En abril inauguró una nueva planta en Babilafuente (Salamanca), con una capacidad de producción de 200 millones de litros de bioetanol al año, lo que equivaldría a lo cultivado en 175.000 hectáreas (la previsión es que España tenga plantadas 150.000 hectáreas para final de año) para su mezcla directa con gasolina. Tras la inauguración oficial, Abengoa cerró un acuerdo por valor de 12 millones de euros para la compra de cereal cultivado en la zona.

Entre las peticiones de los agricultores también destaca la creación de un sistema de revisión de precios para evitar alzas y bajas provocadas por factores coyunturales y de un esquema que sirva para la ordenación de los cultivos, de tal manera que una parte se destine a cultivos energéticos y por otra a usos alimenticios.

A su vez, el Ministerio de Agricultura ha mostrado su apoyo a la creación de unos contratos oficiales y receptivo a la promoción de exenciones fiscales para la producción de biocarburantes, siempre que la materia prima que se utilice sea de origen nacional, aunque no ha precisado el porcentaje de esas exenciones. Para ese último capítulo, el Ejecutivo ha incluido en el Plan Nacional de Energías Renovables un montante de 2.855 millones de euros hasta 2010.

Lo que persigue Agricultura, tal y como señaló su titular, Elena Espinosa, en una reciente comparecencia en el Senado, es el desarrollo del mercado para reducir la dependencia energética del petróleo y cumplir con los compromisos de Kioto para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Según las previsiones del Gobierno, si se alcanza el objetivo del 5,75%, se conseguirán evitar la emisión de casi 6millones de toneladas de dióxido de carbono, casi un 20% del total de lo previsto para todas las fuentes energéticas.

Obligación de biocarburantes

Otro problema adicional para la industria es que el biodiésel o el bioetanol que producen no encuentre salida en el mercado, ante la falta de infraestructuras y las reticencias de las petroleras a incorporarlos a sus gasolinas y gasóleos. Por este motivo, desde la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se ha solicitado que se implante 'una obligación de biocarburantes', que comprometa a las suministradoras a incorporar un porcentaje en sus estaciones de servicio.Según Carlos Eugui, presidente de la sección de biocarburantes de la APPA, es paradójico que España, el primer productor europeo de bioetanol y el mercado que más ha crecido en potencial de biodiésel, esté exportando el grueso de su producción a otros países. 'Vendemos el 60% del biodiésel y el 25% del bioetanol a mercados exteriores, cuando los objetivos que tenemos son de consumo interno', señala. En su opinión, la implantación de esa obligación impulsaría la creación de una red logística y permitiría alcanzar el objetivo del 5,75%.A la espera de que se aplique esa obligación, las dos grandes compañías que controlan el mercado de los biocombustibles (Acciona y Abengoa) han alcanzado acuerdos privados con las compañías petroleras nacionales. Así, Abengoa lo firmó con Cepsa para construir una planta de biodiésel en los terrenos de la petrolera para producir 200.000 toneladas que serán utilizadas íntegramente por la petrolera. Por su parte, Acciona rubricó el año pasado un acuerdo con Repsol YPF para la construcción de seis plantas de biodiésel, de las que cinco estarán situadas en las refinerías de la petrolera para su mezcla directa con gasóleo.

Precio por tonelada

¦bull; Por cada hectárea de cultivo destinada a biocombustibles (colza y girasol en el caso del biodiésel; trigo, centeno o cebada en el caso del bioetanol), el agricultor recibe una subvención comunitaria de 45 euros, más el precio que pague la industria. En la última campaña, el agricultor recibió 0,12 euros por tonelada para el trigo (ya sumada la subvención europea), frente a los 0,17 euros que se pagaron por el trigo importado.

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