Remuneración

El poder de los salarios autonómicos

El presidente del Gobierno cobra menos que cualquier alto cargo de Madrid o Cataluña

La erótica del poder sigue teniendo mucho gancho entre la clase política española. Esa puede ser una primera explicación al hecho de los bajos salarios de los políticos si se comparan con los de los altos dirigentes del sector privado. Así, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene asignado en los presupuestos de 2007 un sueldo anual bruto de 89.303,28 euros, lo que supone que Emilio Botín, presidente del Santander, gana 30 veces más. La diferencia sigue siendo evidente si se compara el salario de Manuel Marín, presidente del Congreso y el político mejor pagado de España -con una remuneración anual de 175.660 euros al año-, con la de cualquier consejero delegado de una empresa cotizada del Ibex, que no baja de los 600.000 euros sin tener en cuenta el plan de pensiones.

No obstante, las diferencias salariales no se circunscriben a la comparación con el ámbito privado, sino que también son evidentes dentro del público. Si se comparan los salarios que perciben los altos cargos de la administración central con los de las siete comunidades autónomas cuyo PIB per cápita está por encima de la media española (Madrid, País Vasco, Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares y La Rioja) y los cinco ayuntamientos con mayor número de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza), los alcaldes y presidentes autonómicos ganan la partida de calle. De media, un presidente autonómico gana 90.991,7 euros al año y un alcalde 89.593,2 euros, lo que supone que el presidente del Gobierno gana un 1,8% y un 0,4% menos que un presidente autonómico o un alcalde. Pero si se mira caso por caso, las diferencias son mucho más acusadas. Así, el presidente de la Generalitat de Cataluña gana un 74,4% más que el presidente del Gobierno, seguido por el alcalde de Barcelona, que supera en un 11,4% el sueldo de Zapatero, y los alcaldes de Madrid y Barcelona, que cobran un 12% más.

Complementos

La clasificación de los políticos mejor pagados está encabezada por Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados, cuyos ingresos anuales superan los 175.000 euros, desglosados entre 155.229 correspondientes a su sueldo base y 20.431 correspondientes a una indemnización incluida dentro del régimen económico del Congreso para que los diputados puedan afrontar los gastos de alojamiento y manutención en Madrid.

El régimen retributivo de los diputados es excepcional, ya que si el sueldo base es relativamente bajo (cada diputado tiene una asignación de 2.918), posteriormente se ve complementado con pluses, entre los que están los gastos de representación, de libre disposición e indemnización, a los que se les asigna una cuantía en función del cargo que represente o en las comisiones en las que participe. Así, un portavoz del congreso, partiendo de un salario base anual de 68.980,08, acaba superando por poco el sueldo del presidente del Gobierno, gracias a un plus asignado por indemnización de 20.431 euros.

Blindaje en el Congreso de los Diputados

Los diputados del Congreso blindaron en julio su futuro profesional, gracias al acuerdo alcanzado entre todas las formaciones políticas, conocido como reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas.

En el acuerdo se establece por primera vez un plan de pensiones, que ha recibido una dotación de 1,5 millones de euros en 2006, y una paga de indemnización por cese de actividad.

Sin embargo, la decisión que ha levantado más polémica es la referente al cobro de las pensiones. Mientras que un ciudadano debe cotizar durante 35 años y tener la base máxima en los últimos quince para optar a la pensión máxima, en el caso de los diputados se establece un periodo de 11 años para que los diputados cobren la pensión máxima. Este periodo se recorta a siete años en el caso de que hayan cumplido 65 años, que estén jubilados, prejubilados o que tengan 60 y hayan cotizado 40.

En el caso de la indemnización, los diputados han pactado una paga de un mes de salario por cada año trabajado en la cámara, con un máximo de 24 mensualidades, que se cobraría al cierre de la legislatura o cuando abandone la cámara.