El Banco de España podrá vetar compras de sociedades de tasación
La independencia de las sociedades de tasación se salvaguardará de forma expeditiva. El borrador de la reforma de la Ley Hipotecaria que estudió este viernes el Gobierno habilita al Banco de España a vetar la 'toma de participación significativa' en las mismas.
Las empresas que pretendan adquirir más de un 15% del capital o los derechos de voto de una tasadora deberán informar previamente al Banco de España. Este organismo dispondrá de tres meses para, en su caso, oponerse a dicha adquisición. La negativa, según el borrador, podrá fundarse 'en no considerar idóneo al adquirente'. La idoneidad vendría determinada, en principio, por el mantenimiento de la independencia y profesionalidad de los tasadores.
Cuando la compra se lleve adelante sin informar al Banco de España o sin esperar el plazo de tres meses, se anularán los derechos de voto y los acuerdos de la tasadora serán impugnables, además de imponerse las correspondientes sanciones.
Las infracciones muy graves conllevan multa de hasta el 1 % de los recursos propios o hasta 300.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior, además de suspensión de la actividad tasadora entre uno y cinco años.
Por otra parte, la reforma impone requerimientos especiales a las tasadoras cuya facturación dependa en más de un 15% de una entidad de crédito o su grupo. En esos casos, deberán elaborar un reglamento interno que regule las incompatibilidades entre dirigentes. Si la tasadora pertenece a la entidad de crédito o a su grupo, ésta deberá constituir una comisión técnica de verificación, que remitirá un informe anual sobre su independencia al Banco de España.
El Ministerio de Economía ha hecho de la independencia de las tasadoras uno de los puntos fuertes de una reforma que incluye también recortes en las comisiones, reducción de aranceles, flexibilización de los mecanismos de refinanciación por parte de los bancos, y regulación de la hipoteca inversa, entre otros capítulos. Economía espera que la nueva ley entre en vigor en el primer trimestre de 2007.