Las grandes empresas del sur de Europa piden a Prodi reformas impopulares para Italia
Las principales empresas del sur de Europa piden medidas drásticas para arreglar la economía italiana. El Gobierno de Romano Prodi ha iniciado una política de ajuste para contener los desequilibrios presupuestarios (déficit del 4,3% del PIB; deuda pública del 108%) que, a juicio de los empresarios, va en el buen camino, pero debe profundizarse aunque resulte impopular.
El Consejo de Cooperación Económica (CCE), un lobby que agrupa a las principales empresas de España, Francia, Portugal e Italia acaba de elaborar un informe sobre este último país, encargado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. En el texto, al que ha tenido acceso Cinco Días, requieren al Gobierno que compense las 'insuficiencias estructurales' de la economía italiana.
El informe alude a la limitada inversión en I+D (1,2% del PIB, prácticamente la mitad de la media de la Unión Europea), la escasa formación y productividad de los recursos humanos (ésta ha pasado, entre 1999 y 2004, del 119% de la media europea al 107%), el excesivo peso del sector público (ocupa al 20% de la población activa, y la presión fiscal supera el 42% del PIB).
El Ejecutivo de Romano Prodi ha aprobado un grupo de medidas, denominado paquete Bersani, que, según el CCE, va 'en la dirección justa'. Los empresarios animan a Prodi a que continúe en esa línea, incluso 'cuando se trate de intervenir en los intereses de su base electoral'. El CCE solicita que se reduzca durante tres años el impuesto de sociedades a las empresas que incrementen su inversión en I+D. Además, reclama la creación de un mercado de valores 'menos regulado' para fomentar el acceso de pequeñas empresas innovadoras al capital privado, y que se reduzca la fiscalidad de las ganancias de capital.
Para mejorar la productividad, los empresarios demandan ampliar la flexibilidad de todos los contratos (no sólo de los contratos por proyecto), introduciendo periodos de prueba de seis meses y despido sin indemnización durante dos años.
También demandan que se lleve la edad efectiva de jubilación hasta 65 años (hoy es posible desde los 57), y que se reduzca el tamaño del sector público sustituyendo sólo a dos de cada tres funcionarios jubilados.