Bruselas insta de nuevo a cambiar la ley valenciana
La Comisión Europea (CE) ha enviado a España una nueva petición oficial para que sea modificada la ley de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana, por la supuesta incompatibilidad de algunas de sus disposiciones con la normativa comunitaria sobre contratos públicos.
Según informó ayer la Comisión en un comunicado, el Ejecutivo europeo ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado suplementario. 'En ausencia de respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría llevar el asunto al Tribunal de Justicia', advierte la nota.
La Comisión ya dirigió una carta de emplazamiento y un primer dictamen motivado en diciembre de 2005 contra la ley anterior, la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) de 1994. La LRAU fue derogada por la LUV (Ley Urbanística Valenciana), que entró en vigor el pasado 1 de febrero.
El 4 de abril la CE envió una segunda carta de emplazamiento en la que instaba a las autoridades españolas a presentar sus observaciones sobre varias disposiciones de la LUV y sobre la forma en que esas disposiciones habían tenido en cuenta las advertencias previas acerca de la continuación de la concesión de contratos basados en la LRAU y contrarios a algunas directivas comunitarias.
Bruselas consideró entonces que la nueva ley 'no parece remediar las posibilidades de infracción que existían' en la norma anterior. A la CE le preocupa 'el contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los Planes de Acción Integrada (PAI) ', así como 'la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador', señala el Ejecutivo comunitario.
Bruselas considera que la adjudicación del PAI 'constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir, por ende, las disposiciones de las directivas de la UE en materia de contratación pública'.