El Gobierno gastará 148 millones para diversificar y renovar la oferta turística
El ministro de Industria, Joan Clos, elevó este viernes al Consejo de Ministros un informe realizado por su departamento en el que hace un diagnóstico de futuro sobre el sector turístico en España. El estudio confirma que las principales debilidades se encuentran en la concentración de la demanda y la oferta y en la obsolescencia de las infraestructuras.
Apesar de ello, el estudio deja claro que el sector sigue siendo uno de los motores que impulsa el crecimiento de la economía española. España fue el segundo destino turístico internacional, con 55,6 millones de turistas recibidos durante el pasado año (el 8,2% del total de los turistas en el mundo) y el segundo mercado del mundo que más dinero ingresó por el turismo (un 7% del total), tan sólo superado por Estados Unidos.
En 2004, el turismo representó el 11% del producto interior bruto, ocupó a más de 2,3 millones de personas (el 12% de la población activa) y financió más del 17% de las importaciones de mercancías, lo que, a juicio de Industria, es una ayuda importante para corregir el déficit comercial de España.
Sin embargo, el informe no elude identificar las debilidades del turismo en España, como la excesiva concentración de la demanda y la oferta turística (el 66% de las plazas hoteleras están en cuatro autonomías y el 60% de los turistas extranjeros viene de Reino Unido, Alemania y Francia), la baja productividad del sector y la necesidad de modernizar las infraestructuras.
Para corregir estas debilidades, el estudio detalla las actuaciones realizadas durante el pasado año y pone fecha y cifras a las que se van a realizar a corto plazo. Entre las más importantes destaca la inversión de 148 millones de euros para la diversificación de la oferta y la renovación de las infraestructuras hoteleras a través de dos programas: el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (Fomit), que contará en su segundo año de vida con una financiación de 100 millones de euros, y la puesta en marcha de otros 18 planes de dinamización turística, con una dotación de 48 millones de euros, para destinos aún en fase de desarrollo y que cuenten con un importante patrimonio cultural e histórico.
Al Fondo para la Modernización podrán optar los municipios que deseen modernizar sus infraestructuras turísticas. Para obtener financiación deben cumplir una serie de requisitos (el 30% de la inversión debe ser privada, tener una población menor a 100.000 habitantes, sufrir sobrecarga ambiental y urbanística, escaso potencial de crecimiento de la demanda urbanística y un gran número de equipamientos obsoletos). En la primera edición del Fomit, 33 municipios recibieron ayudas por valor de 75 millones de euro.
En el informe también se establece como prioritaria la construcción de cinco paradores de turismo, situados en La Granja de San Ildefonso (Segovia), Alcalá de Henares (Madrid), Lorca (Murcia), Morella (Castellón) y Tejeda (Gran Canaria), y la puesta en marcha de otros siete. La ínversión para los próximos cinco años rondará los 242 millones de euros.
El próximo 10 de octubre se producirá la siguiente reunión del Consejo Español del Turismo, creado el pasado ejercicio para establecer las bases sobre las que girará el turismo para 2020, en el que participan las tres administraciones, sindicatos, cámaras de comercio y nueve empresarios relacionados con el sector.
Pacto para la inmigración
La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anunció tras el Consejo de Ministros que se reunirá la próxima semana con los portavoces de los grupos parlamentarios para 'sentar las bases' de un gran acuerdo sobre inmigración. La portavoz del Ejecutivo dijo que 'hay elementos comunes para llegar a un acuerdo', señalando que es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios alcanzarlo. El pacto fue rechazado una vez más por el PP en la conferencia de inmigración que organizó el partido este viernes.En el mismo Consejo se acordó la creación de un 'mando único', que se encargará de coordinar las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias. También se aprobó un decreto que regulará las subvenciones (16,5 millones de euros) que se destinarán a entidades sociales para la atención humanitaria a los inmigrantes que llegan de modo ilegal a Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla.