Caldera se compromete a dar estabilidad financiera al sistema de dependencia
El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Dependencia en el que el Gobierno ha comprometido una inversión de 12.638 millones de euros hasta 2015. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, garantizó ayer la estabilidad financiera del sistema gracias a la firma de convenios plurianuales con las comunidades.
La financiación del nuevo modelo de dependencia que entrará en vigor el próximo enero es una de las preocupaciones que ha centrado los trabajos del Gobierno y del principal partido de la oposición, dada las responsabilidades que tendrán que soportar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El PP gobierna en siete y en 3.200 municipios de toda España y era necesario contar con su acuerdo. El ministro Jesús Caldera lo ha conseguido y ayer sólo votaron en contra del proyecto de ley los grupos nacionalistas por considerar que éste invade competencias autonómicas.
Para alcanzar un mayor compromiso con la financiación de la ley, Caldera avanzó que los convenios que se suscriban con las comunidades para costear la atención a la dependencia tendrán carácter plurianual. Entre enero del año que viene y enero de 2015 el Gobierno se ha comprometido a poner 12.638 millones, a los que habrá que sumar las cantidades que procedan de comunidades y ayuntamientos.
El proyecto de ley que el Congreso remitió ayer al Senado obliga a las administraciones autonómicas a evaluar el grado de dependencia de todos los españoles que lo soliciten. En la actualidad hay 1.125.000 personas con diferente grado de dependencia, la mayoría de las cuales tiene más de 65 años.
El sistema de autonomía y atención a la dependencia se configurará como una red pública que integrará de forma coordinada la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche, la teleasistencia y las plazas residenciales. Además, se creará un Consejo Territorial para articular este sistema y un comité consultivo para encauzar la participación en el mismo de los sindicatos, los empresarios y las tres administraciones públicas.
Menores de tres años
Los grados de dependencia se valorarán a partir del baremo que acuerde el Consejo Territorial tras el oportuno desarrollo reglamentario. Con las nuevas enmiendas introducidas en el Congreso, los menores de tres años que presenten graves discapacidades dispondrán de una escala de valoración específica y el sistema atenderá sus necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, las prestaciones económicas correspondientes.
En todo caso, el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a instancias de los ciudadanos, que serán evaluados por los órganos que designen las comunidades donde residen. El reconocimiento del derecho de dependencia será expedido por cada comunidad y tendrá validez en todo el Estado.
El proyecto prevé prestaciones económicas en caso de que el beneficiario no pueda acogerse a la oferta pública de servicios que requiera.
CiU y PNV critican la invasión de competencias
El ponente de CiU en la ley, Carles Campuzano, justificó su voto en contra porque ésta 'invade competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña, no garantiza la suficiencia financiera a las comunidades autónomas, establece un sistema de copago incierto y no permite el acceso de las clases medias al sistema de dependencia'. El Gobierno espera que después de las elecciones catalanas, CiU se sume al consenso en el Senado.El PNV justificó su voto negativo al proyecto de ley por las dificultades que habrá para su aplicación teniendo en cuenta que no hay estructura para ello en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El diputado Emilio Olabarria coincidió con CiU en que la ley 'corroe' competencias autonómicas y no va acompañada de la financiación necesaria para que sea eficaz. En su opinión, el sistema de dependencia debería vincularse al de Seguridad Social.