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Política agraria comunitaria

Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso del lino

La Audiencia Nacional inicia hoy el juicio por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil, en el que, entre los 19 imputados, está el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca.

La vista se celebra en el pabellón del recinto ferial de la Casa de Campo en el que ya tuvo lugar el juicio a los presuntos miembros de una célula de Al Qaeda desarticulada en España tras el 11-S, y en el que actualmente se desarrolla también el proceso a 53 acusados de pertenecer a organizaciones del entorno de ETA.

Hasta siete años de cárcel

Por el supuesto fraude del lino, la Fiscalía Anticorrupción pedirá penas de entre siete meses y tres años de prisión para los 19 imputados en la causa que instruyó el juez Baltasar Garzón. Para López de Coca, a quien el fiscal acusa de un delito de tráfico de influencias, la pena que se solicita es de un año de prisión, una multa de 144.242 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El fiscal mantiene que el ex director general del FEGA, "movido por el solo propósito de favorecer a sus familiares y (...) sirviéndose de su cargo", llamó en enero de 1999 al entonces consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, para convencerle de que no aplicara una normativa que regulaba la concesión de pagos compensatorios a los productores de lino textil.

La norma excluía del pago a "aquellos titulares de parcelas que ya hubieren estado sembradas con semilla de lino textil en la campaña anterior y que por ello hubieran obtenido subvenciones", lo que perjudicaba a dos de los hijos de López de Coca, Enrique e Ismael, quienes según el escrito "poseían 200 hectáreas de tierras arrendadas con el único fin de obtener ayudas comunitarias".

Un fraude millonario

A través de las compañías Valzorzales S.L. y Campillos de la Torre S.L., ambos participaron en la constitución de la empresa transformadora COLISUR 2000, S.L., cuyos administradores, Antonio Muñoz Martínez y Eugenio Alabarces, el primero amigo de la infancia de López de Coca, están acusados de un delito de falsedad continuada por el que el fiscal pide para ellos tres años de cárcel.

López de Coca fue nombrado director general del FEGA el 26 de septiembre de 1997, y dimitió de su cargo el 23 de abril de 1999 a raíz del escándalo que supuso la publicación de informaciones acerca de las subvenciones por cultivo de lino recibidas por familiares

suyos.

En su escrito, el fiscal afirma que el cultivo del lino en España, inexistente hasta 1992, alcanzó las 91.400 hectáreas en la campaña 1998/1999, "un crecimiento que no estaba justificado ni por las condiciones climáticas existentes en la mayor parte del territorio español ni por la exigua comercialización del producto realmente cultivado", puesto que el lino se importaba ya terminado.

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