Bruselas se aviene ahora a negociar nuevas condiciones
El portavoz oficial del departamento de Competencia de la Comisión Europea insistió ayer en que 18 de las 19 condiciones impuestas por la Comisión de la Energía a la opa de Eon sobre Endesa 'son ilegales', pero se mostró dispuesto a 'estudiar cuidadosamente' la viabilidad de otras medidas siempre que 'sean compatibles con la legislación comunitaria'.
Bruselas se había negado hasta ahora a contemplar la posibilidad de que España impusiese condiciones a una operación que ya había recibido el visto bueno comunitario. El Gobierno español, en cambio, aseguraba que su intervención no respondía al punto de vista de la política de competencia, que en este caso era jurisdicción exclusiva de la CE, sino de política energética.
El propio dictamen de la Comisión anulando las condiciones de la CNE reconocía a finales de agosto que 'según el Tribunal de Justicia, la garantía del abastecimiento energético mínimo en caso de crisis responde a un interés público legítimo' que podría invocarse para limitar la libre circulación de capitales.
Bruselas, sin embargo, cree que la CNE se propasó en las condiciones impuestas a Eon para garantizar ese suministro. Y el pasado 26 de septiembre, declaró ilegal el dictamen de la CNE, entre otras cosas, porque no se comunicó previamente a Bruselas, y pidió su retirada inmediata. El mismo día, concedió dos meses al Gobierno español para revocar el Decreto Ley que amplió en febrero las competencias de la CNE para permitirle que evaluara ofertas como la de Eon.
El Ministerio de Industria tiene ahora la oportunidad de moderar esas condiciones aprovechando la resolución de los cinco recursos de alzada planteados contra el dictamen de la CNE. El portavoz comunitario de Competencia advirtió ayer que 'si las nuevas condiciones plantean los mismos problemas que las de julio, no habrá nada que hacer'.
25 días de plazo
¦bull; Si España notifica a Bruselas las nuevas condiciones a la opa de Eon, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de 25 días hábiles para analizar su legalidad. Bruselas verificará 'su compatibilidad con los principios generales del derecho comunitario'.