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Petición

Centrica pide al Supremo la suspensión del pago del déficit de tarifa

El grupo británico Centrica, propietario de British Gas, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el pago a las compañías eléctricas del déficit tarifario correspondiente a 2005. La diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico ese años ascendió a 3.800 millones de euros. La empresa entiende que este pago perjudica a los consumidores y 'falsea' la liberalización.

Centrica ha ampliado el recurso contencioso-administrativo presentado en febrero contra el Real Decreto de Tarifas 1556/2005. El nuevo recurso se dirige contra el Real Decreto 809/2006, por el que se revisó la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006 para poder cubrir el déficit tarifario de 2005. Además, contempla la recuperación del déficit a través de la propia tarifa durante los próximos 14 años, hasta 2020. No obstante, las eléctricas pueden anticipar el ingreso de los 3.800 millones mediante la conversión en títulos negociables de sus derechos de cobro.

Para Centrica, el reconocimiento y el pago del déficit de tarifas tiene 'consecuencias graves' para el sector eléctrico español. Considera 'injusto' para los consumidores tener que soportar el incremento de tarifas necesario para cubrir el déficit.

Según Centrica, la recuperación del déficit 'favorece a las distribuidoras respecto a los comercializadores' por la compensación económica que reciben las primeras.

Centrica entiende que las eléctricas tradicionales 'gozan de un subsidio que supone una ayuda de Estado sentenciada por Real Decreto, la cual apoya su posición dominante en el mercado, marginando a las comercializadoras, que se ven obligadas a competir contra el Gobierno en lugar de contra el mercado'.

En este sentido, ha presentado una demanda ante la Comisión Europea al considerar que el Real Decreto de Tarifas contraviene el Tratado de la UE, porque restringe la libertad de establecimiento y supone una ayuda de Estado.

Reclamaciones

¦bull; Centrica reclama al Ejecutivo que reconozca la existencia de un saldo negativo de 180 millones a los comercializadores y que arbitre un sistema que permita recuperar las pérdidas. La empresa dejó de operar en España en 2005 por los altos precios del mercado.

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