El voto municipal de búlgaros y rumanos
Algunos alcaldes de la provincia de Madrid todavía están echando cuentas sobre cómo les va a influir la inclusión de casi 100.000 búlgaros y rumanos entre los ciudadanos con posibilidades de ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales del próximo 27 de mayo. En la comunidad de Madrid reside uno de cada cuatro rumanos empadronados en España y están muy concentrados en determinados municipios como Alcalá de Henares, Coslada o San Fernando de Henares. En estas tres localidades están empadronados 22.524 ciudadanos rumanos, un poco menos del 10% del total de la población, lo que puede suponer un colectivo muy a tener en cuenta por las formaciones políticas que concurran a los comicios municipales.
Para poder ejercer su derecho a voto, los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los de Bulgaria y Rumanía que serán ciudadanos comunitarios a partir del 1 de enero, tan sólo necesitan estar empadronados y manifestar su intención de ejercer el derecho a voto. A pesar de ello, tan sólo un 10% de esta población empadronada en España manifestó su intención de ejercer el voto en las últimas elecciones municipales, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ese motivo, la Oficina del Censo Electoral empezará a enviar a partir de diciembre a todos los extranjeros empadronados una carta con el fin de que manifiesten su voluntad de votar en los municipios donde residan habitualmente. En el caso de los búlgaros y rumanos, ante la falta de tiempo para ponerse en contacto con todos los ciudadanos empadronados, se intentará hacer un llamamiento para que manifiesten de forma voluntaria su intención de voto en los ayuntamientos dónde residan.
Las limitaciones al derecho a voto de los ciudadanos extranjeros no UE en las municipales han intentado ser eliminadas por la vía parlamentaria a través de una proposición no de ley, aprobada el 25 de marzo de 2005 y presentada por PSOE e Iniciativa per Cataluña, en la que se pretendía ampliar el número de votantes a países con los que España tiene firmados protocolos de reciprocidad; es decir, aquellos que permiten a los españoles votar en las municipales del país dónde residen habitualmente. Y viceversa.
Caso de Noruega
Por ahora tan sólo se ha conseguido incluir a los ciudadanos de Noruega (13.579 empadronados según el INE), de los que 7.702 tienen fijada su residencia en la provincia de Alicante. Para que estos ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, la Oficina del Censo Electoral exigirá que estén inscritos en el padrón municipal, que estén en posesión de la tarjeta de residencia y que puedan justificar una estancia legal e ininterrumpida en España de al menos tres años. Unos requisitos que no coinciden con el perfil de este colectivo, que normalmente tiene una segunda residencia en España para pasar la temporada de invierno y posteriormente regresar a su país durante el verano.
La verdadera carga de profundidad de la proposición venía con la petición de activar los acuerdos de reciprocidad con Argentina, Uruguay y Chile (entre los tres países tienen más de 200.000 ciudadanos empadronados) y de hacerlo también con Colombia y Venezuela, lo que podría suponer la inclusión de otros 200.000 ciudadanos con posibilidad de ejercer el voto. El Ejecutivo ya ha anunciado que la renovación de estos acuerdos no son prioritarios y que no será posible hacerlo antes de las municipales de mayo.
Municipios con más del 50% de inmigrantes
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hay 3,8 millones de extranjeros empadronados en nuestro país, lo que supone un 9% del total de la población. Este porcentaje es muy superior en algunos municipios, donde más de la mitad de la población empadronada es extranjera.En Alicante están los casos de San Fulgencio o Rojales, dónde los inmigrantes suponen el 62% y el 59% de los empadronados. También hay fuerte presencia en Castello de Empuries (Gerona); Mijas (Málaga), con un 36%; Los Alcázares (Murcia) o Mogán (Las Palmas de Gran Canaria), con un 27%.