Comunidades y ayuntamientos administrarán la mitad del dinero público
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han convertido en sólo una década en los principales gestores del dinero público. Y de nuevo en 2007 aumentarán, hasta el 49%, su participación en el gasto de las administraciones que configuran el conjunto del Estado.
Esta partida asciende, según las previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda, a 57.132 millones de euros y crece un 9,5%. Los gobiernos regionales tendrán casi 43.000 millones de euros para financiar, entre otras cosas, la educación y la sanidad de sus conciudadanos. Las corporaciones locales gastarán 14.390,2 millones en servicios públicos como la seguridad ciudadana, el urbanismo, la cultura o el bienestar comunitario. Unos y otras han de sumar a estas transferencias los fondos recaudados por impuestos propios y cedidos, y las tasas, unas cantidades que lógicamente no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.
La financiación de las comunidades autónomas (de régimen común) esta marcada un año más por el guión pactado hace un lustro. Los comicios autonómicos se encuentran a la vuelta de la esquina -se celebrarán en la primavera de 2007- y parece que regiones y Gobierno central están, por esta vez, de acuerdo en los tiempos políticos. Lo más oportuno, a juicio de ambos, es retrasar el debate financiero a finales de 2007, de manera que el nuevo modelo entre en vigor en enero de 2008.
Tampoco están hechos los deberes que marcan las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades de régimen foral. El cupo de País Vasco se ha fijado de nuevo en 1.374 millones, la misma cantidad que en 2006, porque aún no se ha pactado la fórmula de pago para 2007-2011. Otro tanto ocurre con la aportación de Navarra, pendiente de revisión para el próximo quinquenio, y que repite la cifra del año anterior: 588 millones de euros.
Volviendo a las comunidades de régimen común, el objetivo último de estos territorios es incrementar (con la reforma) su autonomía fiscal, o lo que es lo mismo, la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el porcentaje cedido de impuestos, como el IVA, Especiales, Hidrocarburos y Tabaco. Sin embargo, y a pesar de que esos porcentajes de participación son hoy inferiores al 50%, no puede obviarse que los gobiernos regionales son los principales administradores del gasto público. En 2007, la Administración central gestionará (excluidos los intereses de la deuda) un 22% de los fondos públicos y la Seguridad Social perderá una décima de su participación en el gasto y se quedará con el 29%.
En realidad, una parte importantísima de los Presupuestos Generales del Estado se destinan ya a financiar las transferencias que reciben comunidades y ayuntamientos, tanto en el marco de los sistemas vigentes de financiación como mediante convenios de colaboración y otras actuaciones. Estas partidas representan el 37% del Presupuesto no financiero de 2007. Si a ello se añaden las transferencias que el Estado realiza a otros agentes, públicos y privados, de la economía, este porcentaje se eleva al 60,5% y alcanza la cifra de 86.481,21 millones de euros.
De los 42.741 millones de euros transferidos a los territorios, 31.500 millones provienen del Fondo de Suficiencia, broche del sistema de financiación, que reciben todas las regiones, excepto Madrid y Baleares, cuyas entregas al Estado se han fijado en casi 400 millones de euros, y 1.237,6 millones componen la asignación del Fondo de Compensación Interterritorial.
Con el Fondo de Suficiencia, que aumenta en algo más de 2.000 millones en 2007, el Estado pretende cubrir el desfase habitual que se produce entre las necesidades financieras de los territorios y los recursos pactados durante el primer año del modelo de financiación y que corresponden a la liquidación de 1999. Sólo a Madrid y a Baleares le sale, año tras año, a devolver. En esa ocasión, 169,81 y 222 millones, respectivamente.
El Fondo de Compensación Interterritorial beneficia a Ceuta y Melilla y a 10 comunidades -Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León- y el año próximo crece menos de lo que lo hizo durante el ejercicio anterior, un 6,7% frente al 9,2% de 2006.
En 2007, todas las comunidades autónomas percibirán de nuevo una paga extra para financiar sus servicios de salud y frenar el avance de la deuda, tal y como acordaron los presientes autonómicos en septiembre de 2005. La cantidad podría ascender a 1.155 millones si se consume todo el crédito presupuestado, pues además de los 655 millones asignados hay una partida de 500 millones para apoyar a las comunidades cuyo gasto sanitario en 2005 crezca menos que el PIB nominal estatal.