Alarmante incremento de la falsificación de tarjetas bancarias
La Fiscalía General del Estado reclama al Gobierno más coordinación entre la Policía, Hacienda y los órganos judiciales para reprimir los delitos económicos. Avisa de la 'insuficiente' plantilla en órganos como la Audiencia Nacional para luchar con eficiencia contra el blanqueo de capitales.
La Fiscalía del Estado reconoce la importante labor de asesoramiento de los funcionarios de la Agencia Tributaria, los expertos en contabilidad y la policía judicial, pero avisa de problemas. La reciente creación de la figura del fiscal de Sala de lo Penal para la Coordinación de Delitos Económicos no evita la 'necesidad de aclaraciones' en cuanto a las competencias de los mismos y su ubicación en los diferentes departamentos, según reconoce el órgano en la memoria anual de 2006 que acaba de hacer pública.
'Hay unanimidad en que la aportación de estas personas es fundamental para el éxito de las investigaciones; sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de determinar si tales funcionarios especializados (policías, inspectores de Hacienda, ...) deben radicarse en la propia Fiscalía, con competencia exclusiva y subordinados al fiscal correspondiente, o no'. La memoria reconoce que se tiende al modelo de adscripción exclusiva siempre que exista la posibilidad de elegir al funcionario en cuestión. Por eso reclama al Gobierno que se regule con claridad y precisión su situación, en el plano laboral y económico, mediante un 'protocolo de actuación que evite casos de individuos desconectados de un grupo, y pendientes de su traslado a un destino más confortable'. Insiste en que lo más lógico sería la vía de 'convenios de colaboración' con las instituciones afectadas, como la propia Agencia Tributaria.
La Fiscalía añade que, aunque normalmente este asunto está resuelto por los 'buenos oficios de los fiscales, sería deseable una coordinación a más amplio nivel'. Insiste en que no es suficiente las 'reuniones periódicas' que efectúa el fiscal coordinador de delitos económicos.
Otro problema de coordinación latente en la Memoria anual se refiere a la ejecución de diligencias que se solicita a la Fiscalía Anticorrupción desde otros países. La principal disfunción se encuentra en la tramitación de las comisiones rogatorias, que se producen por duplicado, incluso por triplicado. Y es que las autoridades judiciales de algunos Estados insisten en asegurar que su solicitud va a ser ejecutada, enviando la misma comisión a distintas partes (Ministerio de Justicia, al juez directamente y a la Fiscalía) y por distintas vías, complicando su gestión.
'El resultado es la duplicación del trabajo y, en ocasiones, la citación reiterada a personas que deben ser oídas y que son llamadas para la misma declaración en más de una ocasión', indica la Memoria.
Por otro lado, el informe recalca la 'enorme carga procesal que soporta la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tanto en la fase de instrucción como en el enjuiciamiento (ha crecido a porcentajes superiores al 30%) y la 'insuficiente plantilla' de la que se dispone. De hecho, estos son dos factores 'que impiden una dedicación más eficiente e intensa a la investigación de las organizaciones criminales que se dedican al blanqueo de capitales'.
La cifra de procedimientos incoados por blanqueo de capitales fue de 95 (la mayoría en Andalucía y Canarias), de los que 19 partieron de los órganos judiciales de la Audiencia Nacional. Sólo la Audiencia ha duplicado (hasta 52) las informaciones recibidas del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de España.
'Alarmante' falsificación de tarjetas bancarias
Uno de los delitos que más han aumentado es el de la falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito. El número de detenidos llegó en 2005 a 1.256, con un aumento espectacular del 19,2%, entre ellos, rumanos, lituanos, nigerianos, chinos, colombianos, marroquíes y españoles.La Fiscalía reconoce que la repercusión mundial de este tipo de delitos es 'alarmante', ya que las tarjetas se duplican en un país y la información para poder utilizarlas se encuentra en poco tiempo en cualquier lugar del mundo. 'Esta utilización transnacional dificulta la detección temprana del fraude, ya que las comunicaciones bancarias en estos casos son más lentas'. Y es que los grupos suelen tener ramificaciones en otros países, para la obtención de los datos necesarios para la clonación y el uso fraudulento de la tarjeta falsificada.Otros delitos económicos han tenido un menor crecimiento en 2005 como los efectuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que sólo aumentaron un 3,4%.En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, las diligencias de investigación han experimentado un 'espectacular aumento', duplicando también las incoadas el año anterior.En general, los procedimientos judiciales se han multiplicado (hasta 127), algunos de los cuales han sido de gran trascendencia como el caso del Grupo Torras. La colaboración con la Agencia Tributaria ha sido clave para recibir información sobre redes de fraude en el IVA que se extienden por Rumanía, Hungría y Croacia.