Los políticos bloquean de nuevo la Operación Chamartín
Los políticos bloquean de nuevo la Operación Chamartín. La causa es el acuerdo que el Ministerio de Fomento anunció con los propietarios de los derechos del suelo (BBVA y la constructora San José). El departamento de Magdalena Álvarez reconoce, tras presentarlo en julio como cerrado, que ese pacto no está firmado aún.
La controversia mediática entre el Ministerio de Fomento (PSOE) y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (PP) deja en punto muerto la Operación Chamartín, el mayor desarrollo urbanístico de Europa pendiente de aprobar para el norte de Madrid.
El consejo del consorcio, formado por las administraciones y los dueños de los derechos del suelo (BBVA y constructora San José a través de Duch, Desarrollo Urbanístico de Chamartín), aprobó ayer crear un grupo de trabajo para determinar las plusvalías de la operación y las infraestructuras que se financiarán. Pero esta comisión, que tendrá que elevar una propuesta, nace ahora inoperativa.
La presidenta del consorcio y concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, quiso lanzar el mensaje de que la pelota está en el tejado de Fomento. Afirmó que este grupo de trabajo 'no iniciará su actividad hasta que Fomento remita el acuerdo íntegro y por escrito' con Duch por el que las plusvalías de la operación se han duplicado hasta 1.200 millones. La célula creada, con representantes de las administraciones y de Duch, tiene hasta el 31 de octubre para presentar una propuesta.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital cierran filas
A este emplazamiento siguieron las críticas por la falta de transparencia del ministerio que respaldó con ímpetu la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, ya que en este frente con el ministerio ambas administraciones han decidido olvidar las constantes diferencias entre sí y presentar una línea común. 'Es kafkiano que no nos quieran dar el acuerdo', dijo la ex secretaria de Estado de Presupuestos, que puso de relieve su sospecha de que 'o no está cerrado o Fomento está cediendo algo'.
Por su parte, el departamento de Magdalena Álvarez protestó por la interpretación de la reunión que las administraciones del PP hicieron ante la prensa aprovechando que comparecían antes que el ministerio. Sin embargo, a renglón seguido, tuvo que reconocer que el pacto bilateral con Duch anunciado por la ministra el pasado 13 de julio como algo cerrado 'está pendiente de firmarse', admitió Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras. Explicó que faltan 'trámites internos' como 'estudios técnicos y jurídicos que lo avalen', aunque 'los puntos fundamentales son inamovibles'.
El acuerdo, presentado ayer por el PP como obstáculo en la negociación, no ha sido aprobado por el consejo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario de dos de los tres millones de metros cuadrados de suelo en la operación y que contrató en su día a Duch para gestionar los derechos. El convenio tampoco ha pasado por el consejo de la empresa que comparten el BBVA (con un 72,5%) y la constructora San José (con un 27,5%), según fuentes conocedoras de la operación.
Divergencias
Ahora queda por ver si el emplazamiento de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón a Fomento se diluye en pro de otros acuerdos o paraliza seriamente la marcha de una operación que lleva 13 años de parones.
De momento, el ministerio está dispuesto a enviar por escrito los datos fundamentales del acuerdo con Duch. Pero Morlán no quiso aventurar cuándo habrá un documento definitivo del pacto bilateral. Y entre medias está el plazo impuesto ayer de dos meses para que el grupo de trabajo presente una propuesta sobre las plusvalías.
La divergencia principal que impide el acuerdo entre las tres administraciones se centra en que Ayuntamiento y Comunidad quieren que Fomento financie más infraestructuras para que la zona no se colapse con las plusvalías de la operación, no sólo las ferroviarias que prevé. Le acusan de que las obras que se harán con los 1.000 millones procedentes de las ganancias 'ya estaban presupuestadas' con cargo a otras partidas.
Nueve meses para entenderse
Las empresas con intereses en la Operación Chamartín tienen clara la lectura del rifirrafe político. 'Todo el mundo está interesado en llegar a un acuerdo y éste se producirá antes de las elecciones' locales y autonómicas del próximo mayo, señalan fuentes empresariales. Esto supone que Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento parecen abocadas a entenderse en nueve meses, si no quieren correr el riesgo de que los comicios cambien el reparto de fuerzas y haya un nuevo parón más largo impuesto por el cambio en las Administraciones.De momento, la operación queda en suspenso por la exigencia del Consistorio y el Gobierno regional para que Fomento les envíe el acuerdo íntegro que firmó con Duch, el gestor de los derechos del suelo. Aunque el viernes hay una convocatoria formal para crear el grupo de trabajo multilateral decidido ayer. Y las administraciones del PP quieren lograr algo del ministerio ese día, lo que hace pensar que pueden conformarse antes con un resumen del acuerdo y no el texto completo, la excusa elegida ayer para no avanzar.En el aire queda también la cifra de las plusvalías totales por el suelo, imposible de confirmar. El Ayuntamiento ya la cuantificó en 8.500 millones y Fomento lo puso ayer en duda. 'Todo depende de los cálculos sobre la edificabilidad', dicen fuentes empresariales. En 2002 el Consistorio la subió del 0,6 al 1,05 de metros edificados por cada metro cuadrado de suelo.