Telefónica dará de nuevo el servicio universal al ser el único grupo interesado
Industria ha desvelado que Telefónica continuará prestando el servicio universal de telecos, puesto que sus competidores se niegan a asumirlo. El ministerio dice que a la operadora le compensa económicamente esta obligación, ya que se ha ofrecido a realizarla.
Los competidores de Telefónica en España iban de farol cuando aseguraban que estaban dispuestos a prestar el servicio universal de telecos y presionaron a la Administración para que incluyera también este aspecto del negocio en el nuevo marco desregulado.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Francisco Ros, desveló que la empresa que preside César Alierta (titular histórico de este servicio) sigue y seguirá siendo después de 2008 el signatario para asegurar que los españoles pueden satisfacer el derecho que les asiste de acceder a los servicios básicos de comunicaciones, sea cual sea su lugar de residencia, edad y capacidades.
Ros explicó que Industria, tal como exige la normativa aplicable, ha realizado una consulta entre todos los operadores que tienen actividad en España preguntando si estaban interesados en hacerse cargo de la prestación del servicio universal en todo o en parte del territorio nacional; en todos o en alguno de los servicios que están amparados.
La CMT todavía no ha decidido si se debe abrir el fondo para pagar el servicio
La respuesta no ha podido ser más desalentadora. Ninguno ha querido comprometerse a asumir este reto. Sólo Telefónica presentó su candidatura.
El secretario de Estado , en conversación con periodistas tras el acto de clausura del seminario de Aetic celebrado la pasada semana en Santander, afirmó que, ante este panorama, Telefónica continúa siendo el titular de la prestación del Servicio Universal. Preguntado sobre las condiciones económicas en que se ofrecerá este servicio aseguró que 'si el operador se ha ofrecido al ministerio será porque le compensa'.
El proceso para variar las condiciones de la regulación del servicio universal se ha acelerado a consecuencia de la presión regulatoria de la Unión Europea que vio plasmada en la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones aprobada en noviembre de 2003. El artículo 24 de dicha ley establece una nueva regulación sobre el tema. Estaba previsto que su aplicación se realizara a partir del uno de enero de 1996, pero se aplazó hasta enero de 2008.
En base a este impulso legal, el Ministerio de Industria inició los trámites para abrir un concurso de adjudicación del servicio universal. Comenzó con la preceptiva consulta para auscultar el interés de los operadores y la respuesta negativa de estos ha abortado todo el proceso.
El servicio universal reconoce el derecho general una conexión telefónica fija, a acceder a una guía telefónica con números fijos y móviles, y a un servicio de información telefónica, así como el acceso funcional a internet. También incluye la obligación de facilitar el acceso al servicio telefónico fijo de las personas con alguna discapacidad (acceso a cabinas en sillas de ruedas, terminales adaptados a discapacitados, facturas y publicidad adaptadas a invidentes) y planes especiales de precios para colectivos desfavorecidos económicamente (pensionistas y jubilados).
La CMT, según la ley, es la encargada de determinar si el operador que presta en el servicio universal sufre desventajas competitivas por esta causa y hay que poner en marcha un fondo de financiación del servicio.
Déficit superior a los 110 millones
Telefónica es el prestador tradicional del servicio universal: antes de 1998 como consecuencia de su posición monopolista, después, por la inercia de la situación, y a partir de ahora por la abstención de sus competidores. La empresa que preside César Alierta reclama un total de 2.243 millones por los déficits acumulados históricamente por la prestación de este servicio.En los últimos años sigue disputando en cada ejercicio las cantidades que, siguiendo los principios contables marcados por la CMT, calcula que le cuesta esta actividad. La cuantía de las reclamaciones de los años 2002 a 2005 ha ido descendiendo desde 224 millones ha algo más de 150 millones.La CMT calculó que en 2002 el coste del servicio universal en 110 millones. Desde entonces no ha realizado ninguna nueva evaluación. Fuentes de este organismo dijeron que su consejo no abordado este tema y que no es seguro que abra el fondo de financiación.