El Estatuto catalán entra hoy en vigor sin conocerse la inversión que recibirá del Estado
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, ha escogido Sant Jaume de Frontanya (Barcelona), el pueblo más pequeño de la Comunidad Autónoma (31 habitantes), para celebrar hoy la entrada en vigor del Estatuto, una vez cumplido el plazo de 20 días naturales tras su publicación en el BOE (20 de julio). Con este símbolo, Maragall espera implicar toda Cataluña en el nuevo proyecto estatutario.
La interpretación del nuevo texto estatutario presenta varias incógnitas. La primera es la batalla política y judicial que ha presentado el PP con el recurso ante el Tribunal Constitucional, al que se suma el del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
Al margen de esta batalla, la duda más relevante es la cantidad de inversiones que Cataluña recibirá del Estado en concepto de compensación por el déficit de proyectos realizados en los últimos 10 años. El Estatuto estipula que en los próximos siete ejercicios el Estado deberá invertir en la Comunidad en la misma proporción que supone el PIB catalán sobre el total nacional, calculado en un 18,8%.
La Cámara de Comercio de Barcelona ha estimado que las inversiones en el periodo supondrán una inyección de 6.211 millones, sin contar con las posibles revisiones del Fondo de Compensación Interterritorial, que reducirían este presupuesto. Este incremento de las inversiones dependerá de los proyectos presentados en un futuro por la Generalitat, del ritmo de licitaciones del Estado y de las negociaciones de la comisión mixta que se formará en septiembre. Otra de estas comisiones, para crear una futura Agencia Tributaria, también está pendiente de creación.
Sin embargo, el escenario político en Cataluña, con elecciones el 1 de noviembre, retrasará todas estas negociaciones. Y todo esto con la revitalización de las reclamaciones para el traspaso de competencias del aeropuerto de El Prat (Barcelona).