El Parlamento Europeo defiende el estatus de las cajas de ahorros
Las diversas estructuras accionariales de las entidades no suponen ningún obstáculo para la consolidación financiera europea, sino una ventaja competitiva. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Parlamento Europeo tras analizar las posibles trabas a las fusiones en el sector.
El Parlamento Europeo acaba de redactar su resolución sobre una mayor consolidación del sector de servicios financieros. En este informe, advierte de que la consolidación 'no debe ser un objeto político, sino que debe aportar indiscutibles beneficios a la economía estimulando el crecimiento, alentando la innovación, garantizando la competitividad, mejorando el acceso a la financiación, (...)' para ofrecer una mayor oferta al consumidor.
Identifica la fusión y compras transfronterizas como las estrategias más extendidas en el proceso de integración del sistema financiero. Aunque explica que existen otras vías, como el crecimiento orgánico o las alianzas. Además, y al contrario de lo que en un primer momento opinaba la Comisión Europea, y más en concreto el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, el Parlamento defiende la estructura jurídica de las cajas de ahorros, pese a que estas entidades no pueden ser adquiridas.
Considera así que la estructura 'plural del mercado bancario europeo es una ventaja para la economía europea y que no debería ponerse en cuestión'. Y añade 'que debe preservarse la diversidad de las entidades financieras' y que 'la legislación comunitaria no debe favorecer ningún tipo determinado de modelo de empresa o de estructura empresarial ni ningún tipo de producto frente a otros'.
Con esta definición cierra el debate abierto hace casi un año entre las cajas de ahorros y Bruselas. Eso es al menos lo que considera el sector en España, quien mantiene que de esta forma, la institución europea da la razón a las cajas, al apoyar la existencia de distintas formas jurídicas dentro del sistema financiero.
Su opinión es muy distinta a la expuesta en noviembre en un informe de la Comisión. En él se resaltaba el hecho de que 'en algunos Estados miembros, hay entidades que de facto o, incluso, por derecho, no pueden ser adquiridas por compañías con diferente estructura legal'. Fuentes de Bruselas confirmaban que esta descripción aludía a la estructura de las cajas de ahorros españolas y alemanas y a los bancos públicos.
El propio McCreevy, de hecho, señaló que ambos casos se encuadran dentro del capítulo de 'obstáculos legales que impiden la consolidación'.
El comisario europeo daba así la razón a los bancos en su ofensiva contra las cajas de ahorros, que en España representan la mitad del sistema financiero.
Un alto directivo de una caja asegura que la actual resolución del Parlamento Europeo defiende así la coexistencia de bancos, cajas y cooperativas como fórmula para garantizar la cobertura de las diferentes necesidades financieras que tienen las corporaciones, pymes y consumidores en general.
Pide la creación de un comité de sabios
En el documento el Parlamento reclama un debate sobre la estructura de la supervisión de los mercados financieros en la UE. Además, pide 'la creación como muy tarde a finales de 2006 de un comité de sabios' encargado de examinar e informar, en el plazo de seis meses, sobre las consecuencias de la consolidación de los mercado y entidades financieras, la supervisión, la estabilidad financiera y la gestión de crisis. El Parlamento Europeo hace constar en el documento su inquietud ante posibles crisis paneuropeas, ante el mayor grado de integración de la banca, lo que hace más probable que una crisis nacional se acabe generalizando a todo el continente.Por esta razón insta a la Comisión Europea a realizar un análisis 'urgente' y en profundidad del problema.
Críticas a las trabas en el proceso de integración
Tras mantener que es ventajoso para la UE la existencia de instituciones financieras de distintas estructuras, el Parlamento también incide en las barreras que ha encontrado para la consolidación del sector. Cree que la pluralidad y tamaños de las entidades proporciona más eficiencia y competencia en el sistema tanto a nivel nacional como internacional. Asegura, sin embargo, que las diferentes normas de protección del consumidor, del derecho privado y los hábitos de consumo son una traba. También lo es la lentitud y el alto coste de los múltiples requerimientos de información y la divergencia de prácticas de los diferentes supervisores. Advierte de los riesgos derivados de una paulatina concentración e insta a la Comisión a examinar las posibles implicaciones que esta integración pueda tener en la financiación de las pymes y las pequeñas regiones.