El Gobierno rechaza que la ley del suelo eleve el precio de las casas

El Ministerio de Vivienda defendió ayer su proyecto de ley de suelo y negó las acusaciones de los promotores, que señalan que la obligatoriedad de ceder más suelo a los ayuntamientos disparará el precio de las casas.

El Ministerio de Vivienda salió ayer al paso de las críticas que ha recibido en la última semana el proyecto de ley del Suelo por ciertas asociaciones de promotores y autonomías gobernadas por el Partido Popular. 'Aumentar hasta el 25% el porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida no va a incrementar el precio de la vivienda libre, tal y como señalan los promotores', aseguró ayer Marcos Vaquer, director general de Urbanismo y Suelo, en un encuentro con periodistas.

Vaquer dejó claro que todas las comunidades autónomas tendrán que cumplir con el porcentaje fijado por la ley, a pesar de que en la actualidad hay cuatro (La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares) que tienen un porcentaje inferior o no tienen legislación en esta materia.

En su intervención trató de desmontar las críticas sobre los dos pilares del proyecto de ley: el aumento hasta un 25% de la reserva de suelo para vivienda protegida y la ampliación de la horquilla de la cesión de suelo para los ayuntamientos a un 5% o un 15%, frente al actual 10%.

Efecto multiplicador

Frente a las críticas de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que dijeron que de entrar en vigor la ley subiría el precio de la vivienda libre entre un 4% y un 6%, Vaquer mostró la valoración realizada el 14 de junio por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), patronal a la que pertenece APCE, en la que valoraba de forma positiva el conjunto del anteproyecto de ley.

'Si bien la cesión de suelo puede en muchos casos conllevar efectos multiplicadores del precio de la vivienda, debemos manifestar la necesidad de que ésta realmente se destine para ejecutar políticas de vivienda y no para financiar actuaciones o gastos que no guardan relación ni con políticas de suelo ni urbanísticas', aseguraba el documento.

En este punto, Vaquer fue especialmente crítico con ciertos empresarios. 'Los costes no pueden ser siempre públicos y los beneficios privados. El sector tiene unos márgenes de entre un 500% y un 1000%, por lo que es necesario que las autonomías también participen en los beneficios para intentar combatir las compras con carácter especulativo', apuntó.

Ante el anuncio de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular de interponer un recurso de inconstitucionalidad al proyecto de ley, Vaquer se mostró muy tranquilo. 'Todas las leyes del suelo han sido recurridas, pero creo que hemos tenido un exquisito cuidado a la hora de legislar en materia de competencias'.

El proyecto, que fue remitido al parlamento el 14 de julio, incorpora treinta modificaciones, entre las que destacan la obligación de registrar en escrituras la calificación de 'protegido' cuando un suelo se utilice para la promoción de VPO o la posibilidad de que los notarios realicen consultas en directo con la administración pública por vía telemática.