El Gobierno da 26 millones a UGT a cuenta del patrimonio
El Gobierno empezó el viernes a devolver el patrimonio histórico sindical a las centrales UGT y CNT, según la nueva ley que actualiza sus bienes incautados desde la Guerra Civil. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó destinar un crédito con cargo al Fondo de Contingencia (para gastos extraordinarios), de 28,9 millones de euros. De esta cantidad, UGT recibirá 26,07 millones y CNT, 2,85 millones.
El Ejecutivo empieza a cumplir así el compromiso al que llegó con UGT para devolver a la central patrimonio sindical por valor de 151 millones de euros. Esta cantidad es la que UGT adeuda al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia de los problemas que atravesó la cooperativa inmobiliaria PSV gestionada por el sindicato. Así UGT podrá saldar su deuda con el ICO.
Previsiblemente, el Ejecutivo irá aprobando nuevas partidas según se vayan aprobando los expedientes en los que se solicita dicho patrimonio hasta alcanzar la cantidad citada.
El Consejo aprobó también el reglamento por el que incorpora reglas y procedimientos para mejorar la gestión de las subvenciones por parte de las administraciones públicas. Las principales novedades del reglamento son la simplificación del régimen de determinación y del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y el establecimiento de un marco jurídico común para constituir garantías. Y pretende una gestión más 'eficaz y ágil' en la concesión de las ayudas.
El Gobierno, en su reunión semanal, aprobó también dos nuevos nombramientos. Consuelo Sánchez Naranjo será la nueva secretaria general para la Administración Pública, en sustitución de Francisco Javier Fernández López; mientras que Fátima Rojas Cimadevila sustituirá a Joan Navarro Martínez al frente del Gabinete del Ministro Jordi Sevilla.
El Ejecutivo autorizó, asimismo, la contratación de tres obras bajo la modalidad de abono total del precio para el ejercicio 2006. Esta fórmula es conocida como modelo alemán y posibilita la licitación de tres tramos de autovías (Trujillo-Cáceres; Mudéjar A-23 y A-Mediterráneo) de manera que el pago lo efectúe el Estado una vez finalizadas las obras. Además, el Gobierno autorizó las obras del tramo Alcázar de San Juan- Manzanares de la línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan.