La Comisión Europea archiva el caso contra España por la 'acción de oro'
La Comisión Europea ha anunciado hoy que archivará el procedimiento que había iniciado contra el Ejecutivo español a causa de la vigencia de la "acción de oro", mantenida sobre algunas empresas antes estatales, tras su privatización. El 26 de mayo, el Parlamento español aprobó una ley mediante la que eliminó las restricciones a la libre circulación de capitales y, con ellas, la 'acción de oro'.
La 'acción de oro' es un instrumento de control que se reservan algunos estados para mantener el control de compra/venta de algunas empresas, anteriormente estatales, tras la privatización de las mismas. En nuestro país, la 'acción de oro' tan solo se mantenía sobre Telefónica y Endesa. En los últimos meses ha cobrado especial importancia debido a Endesa, que estaba siendo objeto de una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de la alemana E.ON que el Gobierno español no veía con buenos ojos.
Tras la decisión tomada esta mañana, la Comisión Europea ha decido archivar el procedimiento que había iniciado contra el Ejecutivo español tras el fallo del Tribunal de Justicia europeo, que el pasado 13 de mayo consideró que la legislación española era incompatible con las disposiciones del Tratado en lo relativo al libre movimiento de capitales. Pocos días después, el 26 de mayo, el Parlamento español aprobó una ley mediante la cual eliminó las restricciones a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento creadas por la Ley de privatización de 1995, y con ellas la 'acción de oro'.
España ha cumplido "con la sentencia del Tribunal"
La Comisión Europea ha decidido, por tanto, archivar el procedimiento de infracción tras constatar "la notificación realizada por España de las medidas tomadas el 26 de mayo para cumplir con la sentencia del Tribunal", según señala en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
Aunque España ya había corregido la anterior ley en diciembre de 2003, la Comisión consideraba que el cambio no cumplía plenamente la sentencia del Tribunal, por lo que en julio de 2005 envió a las autoridades españolas un dictamen motivado (paso previo a la denuncia ante la Justicia) para que adaptara completamente la legislación a las exigencias comunitarias.