Una docena de lobbies condicionan la reforma fiscal
Unespa, Inverco, la AEB, Anfac, los despachos Cuatrecasas y Garrigues, Fomento del Trabajo y la propia CEOE son algunos de los grupos de presión que se han partido el pecho por influir en la reforma fiscal que se encuentra en trámite parlamentario. La mayoría de sus demandas han sido canalizadas a través de los nacionalistas catalanes, en unos casos con éxito y en otros con menos.
De la relación de todos estos lobbies con los distintos grupos parlamentarios ha quedado sobrada constancia escrita. 'Tal y como acordamos, adjunto te remito nuestras enmiendas al proyecto de ley del IRPF... Antes de que concluya el plazo de su presentación, tomaré contacto contigo para que podamos celebrar una reunión y valorar su contenido'. Escritos como este, remitido por la presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos, al portavoz de uno de los partidos políticos, han sido la norma habitual durante la tramitación de la reforma fiscal por el Congreso, en la que el Gobierno ha terminado cediendo a algunas de las propuestas que le han ido llegado desde el propio Grupo Socialista, CiU, PNV y Coalición Canaria, sobre todo. Los nacionalistas catalanes son los que más éxito han tenido a la hora de canalizar algunas de estas demandas.
-Unespa. La patronal aseguradora ha sido la más agresiva a la hora de defender un trato fiscal privilegiado para los seguros de vida, algo que hasta el momento no ha conseguido, aunque habrá que esperar al trámite del proyecto de ley en el Senado. Según sus cálculos, la reforma ha generado una caída del 3% en este tipo de contrataciones y de un 15% en el resto de los productos de ahorro. Las aseguradoras aspiran a que se puedan seguir contratando seguros en forma de renta vitalicia a partir de los 69 años y ha demandado un trato fiscal específico para los seguros de dependencia, de forma que se puedan hacer aportaciones sin que computen en el límite que rige para los planes de pensiones. Coalición Canaria y CiU han sido los grupos más activos en la defensa de los intereses de Unespa.
-Inverco. La cruzada que su presidente, Mariano Rabadán, ha emprendido para aumentar las aportaciones deducibles a planes de pensiones ha tenido éxito. Estas se han elevado hasta los 10.000 euros para los menores de 50 años, frente a los 8.000 iniciales, y hasta los 12.500 euros para los mayores de esta edad, frente a los 10.000 que figuraban en el proyecto de ley.
-CEOE. Su batalla estrella, el mantenimiento de la tributación del ahorro en el 15% en lugar del 18% previsto, la ha perdido y por ello prevé una deslocalización del dinero hacia países con menor tributación. La patronal que preside José María Cuevas ha criticado también la eliminación de la deducción por doble imposición de dividendos, pero ha conseguido lo que buscaba en la elevación de las aportaciones a planes de pensiones.
-Fomento del Trabajo. La presión que ha ejercido para mantener las deducciones por reinversión de beneficios ha tenido éxito, al igual que su insistencia en acortar los cinco años previstos inicialmente para la rebaja en cinco puntos en el tipo del Impuesto de Sociedades.
-Anfac. Los representantes de los fabricantes de automóviles se han salido con la suya en su férrea defensa del mantenimiento de las deducciones por I+D previstas en el Impuesto de Sociedades, ya que hasta 2011 no serán revisadas. Hacienda ha renunciado a su eliminación a partir de 2007.
-Confebask. Los empresarios vascos han puesto el acento en la necesidad de evitar la doble imposición de dividendos y en el mantenimiento de los incentivos fiscales que incorpora el Impuesto de Sociedades. En esta segunda demanda han tenido más éxito que en la primera.
-CECA. Su pretensión de mantener el gravamen del 15% para los rendimientos de los depósitos bancarios a más de dos años, en lugar del 18% previsto en la nueva ley, no se ha visto atendida.
-AEB. La patronal bancaria ha saludado la separación de las aportaciones máximas a planes de pensiones de empresa de las de los planes individuales. En cambio, no ha logrado hasta el momento que Hacienda reconsidere la eliminación de la deducción por doble imposición de dividendos, pese a la exención que regirá para los primeros 1.500 euros.
-Cuatrecasas/Garrigues. Estos despachos profesionales, habituales ya entre los grupos parlamentarios cada vez que se discute un cambio fiscal, han hecho hincapié, sobre todo, en el mantenimiento de las deducciones por I+D y en el respeto a los incentivos previstos para las reinversiones de beneficios.
Los enfermos celíacos buscan aumentos en el mínimo familiar
Todos los grupos del Congreso han recibido de la Unión Española de Celíacos enmiendas para aumentar en el nuevo IRPF el mínimo personal y familiar en favor de estos contribuyentes y de los que tienen a su cargo ascendientes o descendientes que padecen la enfermedad. La aceptación de esta reivindicación queda pendiente para el Senado.En la documentación aportada a los partidos políticos se explica que el seguimiento de una dieta sin gluten acarrea un gasto adicional y extraordinario en la alimentación de estas personas que llega a suponer una media de 1.500 euros anuales.Austria, Italia, Noruega y Francia se encuentran entre los países que ya han atendido este tipo de demandas. Por ello, la Unión Española de Celíacos propone que Hacienda aumente en 1.500 euros anuales el mínimo personal y familiar, con el fin de conseguir un trato fiscal más justo. Fuentes parlamentarias hacen ver que el problema de ceder a esta demanda procede de la discriminación que pueden sentir otros colectivos.
El trámite parlamentario en el Senado queda para septiembre
Algunos grupos parlamentarios, como es el caso de CiU, no dan por cerrada la reforma fiscal y esperan incorporar en el Senado algunas de las demandas que han quedado pendientes en el Congreso. Eso no será posible hasta septiembre, pues en la Cámara Alta no ha sido habilitado ningún periodo especial de sesiones durante el mes de julio para acelerar el trámite de la reforma.Los nacionalistas catalanes se colocan, entre otras medallas, el haber conseguido un aumento de hasta el 80% de las deducciones a las familias con hijos menores de tres años, ya que ha aumentado el mínimo por descendientes de 1.400 a 2.200 euros. También han logrado que se mantenga el máximo imponible en el 60% sobre la tributación para los límites conjuntos de renta y patrimonio, ya que inicialmente el proyecto de ley elevaba este máximo hasta el 70%. En su haber también cuentan con la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales a las sociedades que por ley tienen que liquidarse.