58 razones por las que el Gobierno debe atender a la RSC
Cuáles son las razones que han llevado al Congreso de los Diputados a crear una subcomisión para promover la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)? ¿Está justificada la iniciativa de los Gobiernos en un ámbito en el que el liderazgo reside en la propia sociedad, y más en concreto, en las propias empresas y donde la voluntariedad constituye una nota definitoria de toda esta aproximación?
æpermil;stas son algunas de las preguntas con las que la subcomisión parlamentaria, que durante meses ha estado analizando si debe promoverse la RSC desde las administraciones, comienzan el informe de conclusiones que finalmente aprobarán hoy y a las que se contestan de manera afirmativa. El documento incluye 48 recomendaciones dirigidas 'a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad'.
La primera de ellas, que se encuentra en el grupo de las sugeridas a las empresas y las asociaciones empresariales, apuesta por fomentar las medidas de autorregulación empresarial sectorial. 'Dadas las características de las empresas, es recomendable que éstas constituyan grupos de trabajo sectoriales, junto a las asociaciones empresariales relacionadas y con la posible participación del sector público. Creemos que el desarrollo de la RSE requiere cada vez más un enfoque sectorial', aseguran los autores del informe.
Otra de las recomendaciones que realizan los autores del informe, en este caso a la CNMV, es la de extender la redacción de la triple memoria (contable-financiera, sociolaboral y medioambiental) a todas las empresas cotizadas. Los parlamentarios consideran además que debe regularse la elaboración de memorias de sostenibilidad al menos para las empresas del Ibex 35. 'A fecha de hoy más del 85% de las empresas del Ibex 35 realizan ya estas memorias, por lo que esta medida sería simplemente el impulso necesario para las más reticentes', argumentan.
Creen que las memorias deberían verificarse y las empresas sufrir penalizaciones cuando existan informaciones engañosas. El documento recomienda al Gobierno 'la convocatoria de las principales empresas auditoras para confeccionar este marco regulador'.
El informe recomienda a las empresas que impulsen políticas de compras y contrataciones que primen la RSC de las empresas proveedoras.
Entre las sugerencias dirigidas a las administraciones públicas destaca la que sugiere el desarrollo de una normativa que obligue a las entidades gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones a indicar si incorporan o no criterios sociales y ambientales en su análisis para la selección de inversiones, 'promoviendo así una mayor transparencia en el mercado financiero'.
También creen conveniente que las administraciones públicas incluyan en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos que primen la RSC.
El informe apuesta por fomentar la RSC a través de premios y reconocimientos para las empresas más destacadas en este ámbito y por promover las buenas prácticas empresariales a través de publicaciones, por ejemplo.
El informe recuerda a las empresas que deben fomentar la igualdad de sexos en todos los planos de actividad de la empresa, que es 'uno de los espacios sociales en los que más difícil está resultando la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Son evidentes las discriminaciones existentes: en el salario, en las profesiones, en la carrera profesional, en los órganos directivos, etc. Una política integral de RSE debe incluir un compromiso firme y decidido por ir superando esas desigualdades y debe tener aplicación en todos los planos de actividad empresarial', aseguran.
Y a los consumidores les piden un consumo responsable en el que se informen de los productos y empresas más avanzadas en este campo.
Marco fiscal favorable y buen gobierno
El informe sobre RSC elaborado por la subcomisión parlamentaria recomienda a las administraciones promover un marco fiscal favorable para las empresas que incorporen a su gestión criterios de RSC e informen sobre ellos en base a unos indicadores tanto ambientales como sociales.Otra de las sugerencias es establecer criterios de responsabilidad social corporativa en la adjudicación de ayudas y créditos FAD y en la participación de operaciones de conversión de deuda por inversiones. Además, los parlamentarios creen que deben intensificarse la transparencia y el buen gobierno de las empresas. Consideran que la responsabilidad social corporativa 'es también buen gobierno y la multiplicación y popularización de accionistas, en la mayoría de las empresas cotizadas, exige a los administradores someterse a crecientes exigencias de información, veracidad, transparencia y buen gobierno para con ellos', argumentan.