Legislación

El Gobierno adelanta un año el examen a la Ley de Dependencia

La ley de Dependencia pasará su primer examen a los cuatro años de su entrada en vigor tanto en lo que afecta a su proceso de implantación como a las prestaciones que prevé y a su impacto sobre la conciliación laboral y familiar. El año pasado, alrededor de 400.000 mujeres abandonaron sus empleos para atender a algún familiar, una circunstancia que puede cambiar de forma radical cuando la ley empiece a rodar. Una enmienda presentada ayer por el PSOE anticipa un año esta primera evaluación intermedia de la norma con el fin de poder realizar los ajustes necesarios antes de que el sistema de atención a la dependencia se encuentre consolidado en todo el territorio.

En otras enmiendas que defenderá el PSOE se incorpora a las organizaciones no gubernamentales al Consejo Consultivo que asesora al Ministerio de Trabajo en todo lo relacionado con el desarrollo de la ley y se garantiza de forma expresa que ningún ciudadano quedará fuera del sistema por falta de recursos económicos.

Durante la tramitación parlamentaria, el PSOE espera mejorar los aspectos que afectan a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en la prestación de servicios sociales, paso que puede permitir un acercamiento a CiU, formación que presentó una enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno.

Esquerra Republicana, la formación que más aspectos de la ley ha pactado con el PSOE, presentó ayer medio centenar de enmiendas, entre ellas una que excluye la primera vivienda del cómputo patrimonial del beneficiario de la ley.

CiU pide ayudas fiscales

Hay demandas que CiU no ha podido encajar en la reforma fiscal y que intenta colar en la Ley de Dependencia, a través de las correspondientes enmiendas. Entre ellas, la que prevé beneficios fiscales a los seguros privados relacionados con los servicios sociales.