El órdago a la grande de Iberdrola
El mercado mayorista de la electricidad (pool), en el que las generadoras venden su energía y las distribuidoras y comercializadoras las compran para abastecer a sus clientes, sufre jornadas de convulsión. El pasado 8 de junio, Iberdrola rompió por sorpresa las reglas del juego de un mercado que, a la vista de la multitud de denuncias que las empresas se han intercambiado por manipular en él los precios, está abiertamente cuestionado. De hecho, el origen de la rebelión en solitario (una más) que protagoniza Iberdrola, está, precisamente, en el intento del Gobierno de acabar con la sangría del llamado déficit tarifario, fenómeno que se produce cuando los ingresos por la tarifa no cubren los costes de generación y que en 2005 ascendió a 3.832 millones de euros.
Los más de cien millones de déficit que cada día del año pasado se fueron fabricando en la imperfecta máquina de un mercado marginalista creado tras la liberalización del sector eléctrico quitaron más horas de sueño a los responsables de la política energética del Gobierno que asuntos de mayor trascendencia mediática, como la opa de Gas Natural. Y es que el Ministerio de Industria ha de encajar ahora esa cantidad en la tarifa eléctrica, aplazándola en el tiempo (hasta el año 2020, según su información) para evitar una subida políticamente incorrecta superior al 20%.
La bola imparable del déficit situó a las empresas eléctricas en una tranquila posición acreedora frente a un Gobierno impotente y cada vez más alarmado por una situación que se dispuso a atajar, sin el sosiego necesario, en medio de la sacudida provocada por la opa que Eon lanzó por Endesa el 21 de febrero. A través del Real Decreto Ley 3/2006, que fue aprobado junto al otro más polémico que ampliaba las funciones de la CNE para que ésta pudiera examinar la operación del grupo alemán, el Gobierno quiso poner fin a las desviaciones tarifarias.
La norma, provisional, pero sin fecha de caducidad, estableció un precio regulado de 42,35 euros MWh para las transacciones en el mercado diario que realizan simultáneamente las generadoras y distribuidoras de un mismo grupo empresarial. Teniendo en cuenta que sólo Endesa e Iberdrola controlan el 80% de esas transacciones, la cantidad de energía contratada cayó un 60% el 2 de marzo, primer día de funcionamiento del nuevo modelo de casación. También el precio se resintió, hasta desplomarse por debajo de los 50 euros MWh, frente al máximo histórico registrado el 30 de enero de 91 euros MWh.
El real decreto hizo que se tornaran los papeles entre Industria, que respiró más tranquila, y las eléctricas, entre los que cundió el pánico. Todas ellas, dentro de sus particulares circunstancias, se revolvieron contra la medida. Endesa, en medio de su feroz batalla contra el Gobierno por la opa de Gas Natural, evitó las críticas públicas. Por su parte, Iberdrola, confiando en la provisionalidad de la medida, tampoco se excedió en su protesta. Eso sí, todo el sector inició una diligente carrera de acercamiento colectivo al ministerio, con el que han mantenido numerosas reuniones para negociar una batería de reformas que, según promesa en privado y alguna tímida declaración pública del ministro José Montilla y su equipo, el Gobierno abordaría a finales de junio coincidiendo con la nueva revisión de las tarifas eléctricas.
La cruzada de Galán
Las conversaciones sobre el fin del precio regulado se han trufado y complicado con las relativas al coste de los derechos gratuitos de emisión de CO2, que las eléctricas incluyeron en el precio del pool (la segunda medida del decretazo), que ha dado lugar a otra airada discusión sobre cuánto asume cada compañía. Otro motivo de pelea ha sido también el Plan Nacional de Asignación (PNA) que regirá en la segunda fase que establece la directiva europea sobre el Protocolo de Kioto, que será más será dura y establece sanciones. A finales de este mes, el Gobierno debe enviar a Bruselas una primera notificación de este nuevo plan.
Pero, en contra de lo previsto, Montilla decidió hace varias semanas limitar su reforma energética estival a la revisión de las tarifas de julio y a algún asunto menor, o ligado a ellas. Tras comprobar la veracidad de esta decisión, y ante el temor de un vacío de poder por la posible salida del actual ministro de Industria, Iberdrola lanzó el día 8 un pulso al Gobierno (el pulso final), al ordenar a su distribuidora que no comprase energía en el mercado diario por debajo de 33 euros MWh (equivalente al precio regulado, menos el cobro por garantía de potencia). Esta decisión, respaldada por dos dictámenes jurídicos, se aprovecha de un vacío legal del 3/2006, que fija un precio regulado para el mercado diario e intradiario, pero no para el de operaciones, que gestiona el operador del sistema, REE.
En teoría, para la única eléctrica que distribuye más de lo que produce (un 15% más), esta medida favorece el precio de su producción que, al no casar en el mercado diario, es gestionada obligatoriamente por REE mediante los llamados servicios de ajuste (desvíos o restricciones), que no están afectados por el precio impuesto por la nueva norma.
Entre otras lindezas, los competidores de Iberdrola han calificado su acción como 'una felonía', si bien, no faltan analistas que, contrarios al precio regulado, han aplaudido la medida de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. También la patronal Unesa la apoyó públicamente, tras lo cual, recibió una amonestación del resto de los socios.
En cualquier caso, para tranquilidad de REE, la acción no ha sido secundada por el resto de las grandes eléctricas del sector (incluida Gas Natural) y ha sido fuertemente contestada por las que producen en el régimen especial (desde los pequeños cogeneradores a las constructoras que, como Acciona o ACS, han entrado en el negocio eólico) tras asistir al derrumbe de sus precios en el pool. Y es que, técnicamente, este tipo de energía no puede despacharse por desvíos, sino en el mercado diario, en el que el precio medio ha caído de alrededor de 50 euros MWh a unos 30 euros.
¿Y quién ganará este pulso? Unos apuestan por que el Gobierno cederá a las presiones de Iberdrola, retirando la norma, y otros que ésta se rendirá porque, paradójicamente, su decisión no le beneficia económicamente (tiene mucha energía del régimen especial), según cálculos de la CNE. Además, podría poner en riesgo el suministro de electricidad, algo que sí sería punible. En la empresa son conscientes de ello y buscan el respaldo oficial de REE. Sin embargo, el operador, que no quiere asumir responsabilidades ajenas, se ha limitado a decir que 'ahora no hay riesgo, gracias a su esfuerzo' (debe gestionar sin programar y en tiempo real) y a que el resto de las eléctricas no han sumado a la cruzada de Galán. Sin embargo, no lo descarta, 'si la medida se prolongara al mes de julio y sobrevienen puntas de demanda por olas de calor'.
Con probabilidad, el Gobierno podría tomará medidas drásticas esta semana para hacer frente a la situación, más allá de las puramente legales que también está estudiando contra la compañía ante Competencia y la CNE.