El Estatuto balear queda en el aire tras la ruptura de las negociaciones de PP y PSOE
A 24 horas de que el Parlamento balear se reúna para debatir la propuesta de reforma del Estatuto, no existe la más mínima posibilidad de que salga adelante un texto consensuado por los dos grandes partidos. La propuesta estrella es la reivindicación de 3.000 millones de euros a pagar por el Estado en 10 años.
Ni las reformas políticas e institucionales que recoge el documento, ni el fondo de 3.000 millones de euros que el Gobierno central debería abonar a las Islas en un plazo máximo de diez años han sido suficientes para lograr que PSOE y PP se pongan de acuerdo. El orden del día del pleno de mañana martes recoge la aprobación del Estatuto, pero el presidente del PP balear, Jaume Matas, ha anunciado que pedirá su retirada. La reforma del Estatuto quedó abortada la semana pasada, tras una maratoniana negociación política entre el propio Matas y el secretario general de los socialistas de las Islas y ex presidente del Ejecutivo autonómico, Francesc Antich.
La ruptura ha venido provocada por cuestiones institucionales y lingüísticas, pero las diferencias sobre cómo debe ser la nueva financiación de las islas también han tenido un peso importante.
El texto que aprobó la comisión parlamentaria y que debía tratarse en el pleno de mañana recoge una propuesta presentada inicialmente por Matas, que obliga al Estado a garantizar una fondo de 3.000 millones en 10 años para compensar el déficit histórico de inversiones del Estado en esta región.
Aunque todos los partidos políticos están en principio de acuerdo con esta filosofía, la propuesta que había presentado el PSOE balear se alinea más con la que recoge el Estatuto catalán: en lugar de una cifra concreta, los socialistas proponían que el Estatuto recogiera una garantía mínima de inversión del Estado en el archipiélago del 2,5% del PIB.
El PP se opuso finalmente a incluir un porcentaje, si bien una de las enmiendas presentadas inicialmente por los populares obligaba al Gobierno central a invertir esos 3.000 millones o, en su defecto, el 3% del PIB, es decir, una propuesta aún más ambiciosa que la de los socialistas. Esta segunda parte de la enmienda desapareció del texto del PP tras el revuelo que armó en las filas nacionales del partido. El propio Matas tuvo que reconocer que había cambiado de criterio para evitar que el PSOE utilizara ese 3% como elemento de ataque contra el PP.
Pero no es el único cambio que ha hecho el presidente en materia de financiación. Antes de que las negociaciones políticas quedaran definitivamente rotas la semana pasada, los socialistas amenazaron con bloquear la reforma después de que Matas presentara por sorpresa una nueva modificación para que el texto incluyera el Régimen Especial Balear (REB), una ley aprobada por el Congreso para compensar las deficiencias que crea la insularidad y que apenas se ha desarrollado. Para los socialistas, el problema no era la inclusión del REB, sino que Matas incluyera ventajas fiscales para las islas, algo prohibido por la Unión Europea.
La lengua y el blindaje estatutario, sin consenso
Aunque la financiación ha pesado en la ruptura de las negociaciones, los puntos esenciales que han impedido el acuerdo son políticos. El PSOE balear quería que el Estatuto reconociera la equiparación del catalán y el castellano en todos los ámbitos autonómicos, propuesta inaceptable para el PP, en contra de la obligatoriedad del catalán. La ruptura vino también al conocerse las intenciones de Matas de 'blindar' la reforma que saliera del Parlamento balear. El PSOE había propuesto aprobar el Estatuto con la posibilidad de que el Congreso introdujera alguna reforma. Matas se negó y pidió garantías de que el texto no sufriría modificaciones.La creación del Consejo Insular de Formentera, defendida a capa y espada por el PP, es el tercer punto de ruptura.