Bruselas regula las nuevas concesiones de transporte público ferroviario y por carretera
Los ministros de Transporte de la UE aprobaron el viernes una nueva regulación de las concesiones de servicio público en el transporte ferroviario y por carretera, con las abstenciones de Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta y República Checa.
Este reglamento permitirá conceder de manera directa los contratos para las líneas de transporte, excluidas las urbanas, que cubran hasta un máximo de 500.000 kilómetros por año, es decir, por valor de 1,7 millones de euros. La duración de estas concesiones deberá ser de un máximo de 15 años en el caso de los ferrocarriles y de 10 para el transporte por carretera, con la excepción de Canarias, donde será de 15, según explicó en conferencia de prensa la ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez.
La norma entrará en vigor en un plazo máximo de 15 años, de los que tres serán de transposición y 12 de periodo de transición, según el acuerdo alcanzado por los ministros durante un debate público.
Tras una discusión técnica, que tuvo que ser interrumpida para que la presidencia austriaca de turno presentara un nuevo texto de compromiso, los ministros lograron un compromiso que todos aceptaron, pero con el que 'nadie está completamente satisfecho', como señaló el ministro austriaco de Transporte, Hubert Gorbach.
Al respecto, el comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot, destacó la importancia de este nuevo reglamento, que sustituirá a la normativa actual, que tiene 35 años y está 'totalmente inadaptada' a la situación actual, lo que genera una importante 'incertidumbre jurídica'. Durante el debate, uno de los países que más cambios reclamó fue Alemania, que pidió que la adjudicación directa para las pequeñas y medianas empresas llegara hasta los 600.000 kilómetros anuales, lo que no fue aceptado.
La propuesta señala que las autoridades locales podrán definir con precisión, en un contrato de servicio público con un operador, las tareas específicas que se deben cumplir y los fondos con que será subvencionado.
Otra novedad es que obliga a que las autoridades locales abran a la competencia con total transparencia al menos el 50% de los servicios de transporte público.