Ocho sociedades del Ibex limitan el derecho al voto
Algunas empresas mantienen restricciones al ejercicio de los derechos de voto de los accionistas a pesar de las recomendaciones de buen gobierno. Según un informe de la CNMV sobre los mercados en 2005, de 182 sociedades analizadas, 22 mantienen estas limitaciones. Ocho de ellas son del Ibex.
En 2005 sólo una empresa cotizada de las que contaba con restricciones al ejercicio del derecho al voto de los accionistas emprendió medidas para eliminarlas. Fue Cortefiel y lo hizo tras un cambio en su accionariado. Del resto, aún 22 de las 182 sociedades cotizadas analizadas en el último informe de la CNMV recoge en sus estatutos limitaciones al derecho de voto.
En la mayoría de los casos el límite se establece en un 10%. El informe señala que en algunas empresas la restricción se reduce hasta el 5%, pero hay casos que alcanzan el 33%. De las 182 sociedades que limitan los derechos de voto, ocho pertenecen al Ibex. En todas ellas la limitación del derecho de voto es del 10%.
Según el informe de la CNMV, la mayoría de las sociedades cotizadas exige un número mínimo de acciones para asistir a la junta. En la mayoría de los casos no se trata de una restricción significativa desde el punto de vista cuantitativo. Cinco empresas del Ibex no tienen ninguna limitación de asistencia.
Operaciones vinculadas
El informe también analiza el número de operaciones vinculadas comunicadas por las sociedades a la CNMV. Durante 2005 su número ascendió a 1.037. Y su importe alcanzó los 64.530 millones.
La concentración fue elevada ya que diez sociedades informaron del 85% de ese importe. Los acuerdos de financiación mediante préstamos y la prestación de servicios son las transacciones más frecuentes y también las de mayor importe.
Respecto a la posibilidad de votar a distancia, el año pasado 27 empresas del Ibex habían establecido sistemas para permitir el voto electrónico. Pero su uso real fue, según la CNMV, poco significativo. Y en cuanto al mantenimiento de la información legal en la web, el regulador concluye que el grado de cumplimiento ha mejorado respecto a 2004 y que los incumplimientos son 'de escasa relevancia'.