El PP defiende que hay margen para lograr el año que viene un superávit del 3%
El equipo económico del PP presentó ayer a los medios de comunicación parte de la munición contra la política económica del Gobierno que Mariano Rajoy decidió no utilizar en el reciente debate del estado de la nación. El principal partido de la oposición opina que el Ejecutivo ha tirado la toalla renunciando a las reformas estructurales que necesita la economía española y que se ha marcado objetivos poco ambiciosos, entre ellos alcanzar un superávit del 0,7% para el año que viene. El PP ve margen para que este superávit llegue al 3% del Producto Interior Bruto.
A juicio del secretario de política económica del PP, Miguel Arias Cañete, el aumento del techo de gasto no financiero en un 8,8% para el año que viene, más de dos puntos por encima del aumento previsto del PIB nominal, es 'irresponsable' si se tiene en cuenta que la economía española está en un claro proceso de desaceleración y afronta graves tensiones inflacionistas.
La única explicación que encuentra el portavoz económico del PP a esta estrategia es de naturaleza electoral. 'Se trata de un escenario presupuestario expansivo para preparar un contexto favorable de cara a las elecciones autonómicas y generales, una auténtica temeridad que entierra la ortodoxia en materia presupuestaria', opinó Arias Cañete. Esta política no podrá mantenerse por mucho tiempo, argumentó, porque está basada en una previsión de incremento de la recaudación del IVA y Sociedades 'que no puede prolongarse de manera indefinida'.
Elvira Rodríguez y Álvaro Nadal, integrantes del equipo de Arias Cañete, puntualizaron también algunas de las afirmaciones hechas por José Luis Rodríguez Zapatero en el reciente debate parlamentario. Entre ellas, que la inversión en bienes de equipo esté creciendo al 10%, que en el ranking de competitividad España haya mejorado dos puestos o que en ella se generaran el año pasado el 60% de los nuevos empleos de toda la Unión Europea.
Arias Cañete emplazó también al Gobierno a convocar el Pacto de Toledo para que el acuerdo sobre pensiones no descanse sólo sobre patronal y sindicatos y tendió la mano al Gobierno para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.