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Comunicado

La UE desea eliminar las trabas para cambiar de cuenta bancaria

La Comisión Europea anunció ayer la creación de un grupo de expertos para analizar las trabas que se imponen a los consumidores a la hora de cambiar de cuenta bancaria. El objetivo final de dicho grupo será aconsejar a las autoridades europeas sobre cómo actuar ante dichos obstáculos en función de los resultados que arrojen sus pesquisas.

Según explica un comunicado emitido desde Bruselas, el comité estará formado por especialistas provenientes de asociaciones, tanto nacionales como paneuropeas, de consumidores, la industria financiera y el ámbito académico. La Comisión Europea cerrará el plazo de presentación de candidaturas el próximo 16 de junio.

'Una cuenta bancaria es a menudo un requisito previo para acceder al abanico entero de productos financieros, como préstamos o inversiones (...). Por ese motivo, para tener acceso a los mejores productos, los consumidores necesitan ser capaces de cambiar de cuenta bancaria fácilmente', afirma en una nota el comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy. Y prosigue: 'Sin embargo, en la práctica los consumidores se encuentran a menudo con dificultades cuando tratan de hacer esto'.

El grupo de trabajo tratará de identificar los obstáculos, tanto legales como administrativos, que los usuarios encuentran cuando tratan de abrir una cuenta o cambiar de entidad, tanto a nivel nacional como transfronterizo. Así, serán contemplados aspectos como el coste de apertura de la cuenta, su mantenimiento o el importe a desembolsar por su cancelación.

La Comisión considera particularmente importante la posibilidad de realizar sin problemas un cambio transfronterizo de cuenta en 2008, cuando entre en vigor la zona única de pagos europea (SEPA, en sus siglas en inglés).

Bruselas espera que el informe del grupo de expertos esté listo durante el primer semestre de 2007. Según informa Efe, la Comisión discutirá el estudio con los Estados miembros y el Banco Central Europeo (BCE). A continuación, el Ejecutivo europeo decidirá si conviene llevar a cabo una revisión de la directiva sobre liquidación.

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