Sanidad

Valencia quiere poner fin al turismo sanitario

Prótesis de cadera, by pass coronario, intervenciones de cataratas... Estas son, según la Consejería de Sanidad valenciana, las principales operaciones a las que recurren los extranjeros en el sistema público valenciano aprovechando sus estancias temporales en la costa, a las que hay que añadir el gasto farmacéutico. Alemanes, ingleses y franceses, principalmente, recurren a los hospitales españoles para resolver problemas de salud que en sus países de origen o no los cubre su sistema sanitario o tienen que abonar parte por el sistema de copago. En total, la Consejería estima que el coste de atender a ciudadanos extranjeros asciende a 80 millones de euros, de los que sólo recibe cuatro millones como compensación.

Esta es una parte del problema que quiere resolver el Gobierno autonómico con un 'decreto de aseguramiento' que permitirá 'identificar a cada ciudadano y documentar el nivel de prestaciones que tiene reconocidas en cada momento', según el consejero de Sanidad, Vicente Rambla. Esta normativa tiene como trasfondo los problemas de financiación sanitaria, y en especial a los desplazados, sean extranjeros o de otras comunidades, que se atienden en los ambulatorios y hospitales de la Comunidad Valenciana y por los que la Generalitat entiende que no recibe una compensación adecuada.

De hecho, la otra gran parte del problema son los desplazados de otras comunidades, algo más de 74.000 ciudadanos. Según la Generalitat, el coste estimado por asistir a los desplazados nacionales asciende a 125 millones de euros entre consultas, recetas, urgencias e ingresos hospitalarios. Hasta ahora, la Comunidad Valenciana no recibe ninguna compensación económica por estas prestaciones.

Tanto los 80 millones por los extranjeros como los 125 millones por los nacionales, son cálculos estimados. El Gobierno de Francisco Camps (PP), cree que la realidad las supera con creces.

Con la nueva normativa, la Generalitat quiere saber exactamente el coste para poder reclamarlo, ya sea al Gobierno central o a los países de origen de los pacientes. 'No se va a dejar de atender a nadie, pero sí se exigirá a quien corresponda el gasto', insisten desde la Consejería de Sanidad, que añade que el decreto no afectará ni a los amparados por la normativa estatal empadronados en la Comunidad Valenciana (el 79% del total) ni a los colectivos protegidos que cubre la normativa regional (el 12,5%). La decisión que ha tomado la Generalitat es no otorgar la tarjeta sanitaria a los dos colectivos objeto de la polémica. Hasta ahora, obtener esta acreditación era bastante sencillo. Con una primera atención en un ambulatorio se conseguía. A partir de ahora sólo se otorgará a los dos grupos antes mencionados, mientras que los desplazados, ya sean nacionales o extranjeros, no la tendrán.

Por tanto, cuando se les atienda en el sistema de salud valenciano se podrá cuantificar el coste y reclamar el pago a la Administración que les ofrece cobertura o facturarles directamente el gasto generado.

Para poder llevar adelante esta medida, la Generalitat se ha propuesto informatizar los centros de salud y hospitales de la red valenciana, algo que espera esté completado para principios de 2007. El paciente deberá identificarse con su tarjeta sanitaria, ya sea la de la Agencia Valenciana de la Salud o de otro servicio, lo que permitirá saber quién cubre sus prestaciones. Y a partir de ahí, ir sumando. 'Se trata de una cuestión de gestión económica y administrativa que creemos necesaria', explica Rambla.

El consejero asegura que con el nuevo sistema se evitará el uso fraudulento del sistema sanitario y dará argumentos para incrementar la participación en el fondo de solidaridad del Ministerio de Sanidad, del que, según Rambla, recibieron en el último reparto 4 millones de euros 'cuando teníamos acreditados gastos de desplazados por 22 millones'. Y es que participar en la tarta de ese fondo es básico para una sanidad como la valenciana a la que se le estima un déficit de 700 millones.

Son medidas para acabar con el turismo sanitario que también se nota en otras comunidades, con alta presencia de extranjeros como Andalucía o Cataluña.

El coste de atender a los extranjeros

El coste para España de atender a ciudadanos extranjeros con los que existe un convenio aumentó un 79,8% en el último año, según datos de la Seguridad Social.

El Estado central recibió 270 millones de euros de otros países por atender a sus ciudadanos, frente a los 150 millones de euros del año 2004. El Gobierno atribuye este aumento al mejor proceso de facturación entre los países implicados.

El saldo neto, es decir, lo que gastan los extranjeros en España menos lo que cuesta atender a españoles en otros países es de 268 millones, cantidad que supone un 83,6% más que en 2004. El Gobierno central debe ahora repartir entre las autonomías ese saldo neto, descontando los gastos de gestión.