Tyco presenta un expediente de regulación que afectará a 362 de los 400 empleados
Los nuevos dueños de la fábrica de Tyco Electronics en Madrid, el grupo inversor estadounidense Denali Partners, han presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Dirección General de Trabajo que afectará a 362 personas de las 400 que componen la plantilla de la fábrica madrileña.
Esta decisión se produce 27 días después de realizarse la venta. El expediente de regulación se apoya en la intención de los nuevos dueños de trasladar parte del proceso productivo al centro que Tyco tiene en Valladolid, en el que trabajan 270 personas. Además, parte de la actividad se trasladará a a China.
En opinión del secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Madrid de CC OO, Luis Fernando de Luis, éste es un 'claro ejemplo de cómo se están gestionando los problemas industriales y de deslocalización en la actualidad', ya que se plantea como si fuera un problema de un único centro, 'independiente de la situación global', asegura de el representante de CC OO. Por su parte, el responsable de Política Sectorial de la Federación Minerometalúrgica de Madrid de CC OO, Ángel Jurado, se reunió en la tarde de ayer con los miembros del comité de empresa para realizar una primera valoración del expediente presentado por la empresa de cara a la reunión que mantendrán el 3 de mayo con la dirección.
El centro madrileño de Tyco Electronics (antigua Microser) está situado en la madrileña calle de Julián Camarillo donde ocupa un solar de 25.000 metros cuadrados. Esta zona, que hasta hace poco albergaba un gran número de industrias, se está reconvirtiendo en la actualidad en un espacio ocupado por oficinas y viviendas.
Cuando se anunció la venta de la planta madrileña, y ante la negativa de la compañía de ofrecer detalles de la operación, los sindicatos presentaron una denuncia ante la inspección de trabajo para conocer los motivos de la venta, así como las medidas previstas respecto al futuro de los empleados de la fábrica.
Además, los representantes de los trabajadores reclamaron la intervención del Gobierno regional para garantizar y evitar acciones especulativas sobre el suelo de la fábrica.