Solbes asegura que la economía volvió a crecer un 3,5% en el primer trimestre
El PIB de España creció en el primer trimestre 'de forma parecida' a los últimos tres meses de 2005 (3,5%), según avanzó ayer en el Senado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. El titular de Economía acusó al PP de dejación para reducir la dependencia energética española cuando estuvo en el poder.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, espera que el producto interior bruto haya crecido en el primer trimestre 'de forma parecida' a como cerró 2005, con un aumento del 3,5%, 'a pesar de la elevación de los precios del petróleo'. En respuesta a una pregunta de la senadora del PP María del Mar Angulo sobre las medidas económicas ante el encarecimiento del petróleo, Solbes defendió la política energética 'racional' del Gobierno socialista frente a la del Ejecutivo anterior, que 'no puso en marcha' medidas para reducir la dependencia energética.
En una sesión de control en el Senado, Angulo acusó al Gobierno de practicar un 'intervencionismo rancio y fracasado' en el sector energético. Solbes replicó que el Ejecutivo socialista está 'teniendo que hacer frente a la ausencia de políticas energéticas' por parte del PP, que han supuesto convertir a España 'en el mayor consumidor energético por unidad de producto'. Solbes señaló que la diferencia entre el Gobierno popular y el socialista es que en este, cuando suben los precios del petróleo 'se lo decimos a la población', a la que se le explica 'la necesidad de pagar los precios correspondientes y no esconderlos debajo de la alfombra y esperar a que los paguen los que vienen detrás'.
Solbes puso el ejemplo del déficit de la tarifa eléctrica, 'que ustedes el PP no reconocieron en su periodo', y lamentó tener que 'hacer frente a problemas en Bruselas' por la disposición adicional 27 de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2000, en la que los populares 'introdujeron una segunda acción de oro para las empresas energéticas'. Dicha disposición limita los derechos políticos de empresas extranjeras con capital público que tomen participaciones significativas en compañías energéticas españolas.
Medidas para controlar la inflación
Pedro Solbes recordó que el 'shock externo' del encarecimiento del crudo está teniendo incidencia en la inflación, y por eso, aseguró, el Gobierno ha adoptado diversas medidas, como una política fiscal 'neutral y restrictiva', acciones de impulso a la productividad de las empresas o el programa para reducir la dependencia energética. Sobre este último asunto, el ministro insistió en que los efectos de este programa, que también trata de potenciar las energías renovables e incluye el código técnico de edificación, que supondrá un menor consumo energético de las viviendas, no se ven 'de la noche a la mañana'.
Respecto a otro de los grandes puntos de debate de la Unión Europea, la subida de tipos de interés, Solbes afirmó que, según cálculos de Economía, un alza de un punto supondría un encarecimiento medio del 6% en las hipotecas a 25 años. El vicepresidente recordó que el Gobierno está adoptando medidas para facilitar el cambio de hipotecas de tipo variable hacia tipo mixto, 'la mejor opción en un proceso de subidas.
Las cláusulas especiales de financiación 'no son exclusiva del estatuto catalán'
Solbes afirmó que seis comunidades autónomas disponen de cláusulas específicas de financiación. En respuesta al diputado popular Francisco Utrera, las comparó con la que compromete, en el estatuto catalán, un nivel de inversión estatal equivalente a la participación regional en el PIB.Andalucía y Extremadura prevén en sus estatutos 'asignaciones complementarias' para saldar la denominada 'deuda histórica'.Baleares, Aragón y Canarias incluyen en sus estatutos, según Solbes, 'compensaciones por minoración de ingresos', y el de La Rioja, una corrección por su condición de región limítrofe al País Vasco y Navarra, que tienen regímenes particulares de financiación.Solbes concluyó que esas cláusulas 'existieron y siguen existiendo', e insistió en que el compromiso de inversión en Cataluña tiene una duración marcada de siete años.Utrera respondió que es 'aritméticamente imposible' distribuir inversiones por criterios diferentes según territorio, y dijo que la citada cláusula catalana 'quiebra la igualdad de oportunidades'.