Un estudio aboga por eliminar el adjetivo social de la RSC
Las empresas españolas son cada vez más conscientes de que la responsabilidad corporativa es un nuevo modelo de gestión empresarial y, según afirmó ayer el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, 'los empresarios están convencidos de que el éxito comercial y el beneficio financiero no se obtienen únicamente con una maximización de los beneficios a corto plazo sino también con un comportamiento orientado por el mercado, pero a la vez responsable'.
El ministro Montilla realizó estas declaraciones durante el acto de presentación del informe La Responsabilidad Corporativa, una propuesta para un entorno empresarial más eficiente y socialmente comprometido, publicado por la Fundación de Estudios Financieros y elaborado por 27 ponentes de distintas instituciones y elaborado junto a la Fundación Empresa y Sociedad, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y la Fundación Entorno.
El presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Aldo Olcese, coordinador del estudio, explicó que el estudio propone eliminar el apellido social a la responsabilidad corporativa 'por entender que abarca más conceptos que el puramente social'. Así la conocida como RSC o RSE (responsabilidad social empresarial), pasaría a denominarse simplemente RC, por responsabilidad corporativa.
Responsabilidad en todo
El informe considera que a los conceptos tradicionales de la RSC (medio ambiente, acción social y relaciones laborales) deben incorporarse otros como la competencia, la contratación pública y las relaciones con los partidos políticos, la I+D+i, el patrocinio y el mecenazgo y las relaciones de las empresas con los mercados de capitales y los medios de comunicación. La responsabilidad, como nuevo modelo de gestión debe también valorar, según el estudio, bienes intangibles como la reputación de la empresa, la sostenibilidad a largo plazo de la misma y una nueva relación, no sólo con los accionistas sino con todas las partes interesadas o vinculadas con la actividad de la empresa (trabajadores, proveedores y consumidores). Las empresas y también la mayor parte de los 27 expertos ponentes del estudio consideran que las empresas deben autorregularse en materia de responsabilidad aunque también otorgan un papel importante a la Administración que, en su opinión debe ser 'supervisor e impulsor de la transparencia informativa de la RC (como en el buen gobierno) y desarrollar políticas de promoción para las pymes'.
La RC aparece como un principio de corresponsabilidad de las empresas y de los grupos de interés. 'El debate ha estado siempre centrado en la responsabilidad de las empresas, pero también hay que sumar la de los empleados, de los accionistas, de las Administraciones Públicas, etcétera', aseguró Olcese, que anunció que al estudio le seguirán la elaboración de una guía de principios de RC en cooperación de la Administración Pública y la posterior puesta en marcha un observatorio de seguimiento.
Un código para luchar contra la corrupción
De los 15 capítulos del estudio uno lleva el título Responsabilidad Corporativa, Gobierno, Administraciones Públicas y partidos políticos y está firmado por el ex presidente de la CNMV Juan Fernández Armesto, quien opina que la responsabilidad corporativa en materia de lucha contra la corrupción y el buen gobierno guardan estrechas relaciones. 'En ambas áreas existen estándares de comportamiento universalmente recomendados'. Armesto cree que el Gobierno debe impulsar una comisión especial para redactar un código de conducta de lucha contra la corrupción. Un código que Armesto propone que fuera voluntario pero que otorgara ventajas a las empresas que lo adoptaran.