Operación Malaya

La Junta reclama que se devuelva a Marbella el patrimonio incautado

La Junta de Andalucía se personará como acusación particular en todas las causas penales que se deriven de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella y pedirá 'en el momento procesal oportuno' que los bienes incautados en esta operación, actualmente cifrados en 2.400 millones de euros, 'puedan aplicarse a la restitución del daño patrimonial' sufrido por la ciudad. Lo anunció ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en el debate general en el pleno del Parlamento andaluz sobre la situación creada en el Ayuntamiento de Marbella, un pleno que concluyó con el apoyo de todos los grupos a la disolución del consistorio y a la medida de restitución patrimonial. Sin embargo, PP y PA volvieron a insistir en que el adelanto electoral es posible.

Zarrías, que acudió al debate con copia de los 400 expedientes abiertos por la Consejería de Obras Públicas al consistorio marbellí por irregularidades urbanísticas, avanzó que la administración autonómica tomará 'todas las medidas para hacer cumplir la ley, salvaguardar los intereses generales y garantizar la gobernabilidad' en Marbella.

Además de personarse en la causa, solicitará que el Parlamento andaluz agilice los trámites para pronunciarse 'lo antes posible' sobre el expediente abierto por la Junta para la retirada de competencias urbanísticas a Marbella. Asimismo, garantizará a la comisión gestora que deberá crear la Diputación de Málaga 'el pleno apoyo y la cobertura que precise para el saneamiento democrático' de Marbella. En este sentido, la Junta, que en sintonía con el Gobierno asegura que la ley impide el adelanto electoral y obliga a la creación de una gestora hasta las municipales de 2007, volvió a reclamar ayer la unidad de todos los partidos sin 'divisiones partidistas'.

Doce encarcelados

La maquinaria para disolver el Ayuntamiento dio ayer un paso más al aprobar el Senado una resolución en este sentido. De esta forma, el Gobierno podrá activar el proceso en su reunión del viernes, como está previsto.

En el plano judicial, el juez que investiga la trama de corrupción ordenó ayer prisión incondicional para el empresario del sector de la publicidad Rafael Llopis, con lo que se eleva a doce el número de encarcelados sobre un total de 24 detenidos. También declaró ayer en calidad de imputado el jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo.

Sevilla afirma que el PP no actuó en ocho años

Durante los ocho años que gobernó José María Aznar, el PP no disolvió el Ayuntamiento de Marbella, optando por hacer la vista gorda, a pesar de los dos centenares de impugnaciones promovidas por la Junta de Andalucía contra decisiones adoptadas desde esta corporación municipal. Así se lo recordó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a la diputada y portavoz del PP en Marbella, María Ángeles Muñoz Uriol, durante un cruce de acusaciones que ambos protagonizaron en el Congreso.

La diputada acusó al PSOE de adoptar una actitud de 'connivencia' con el GIL durante los 15 años en los que este partido gobernó Marbella, ya que la candidata socialista en las últimas elecciones, Isabel García Marcos, está presuntamente implicada en el actual proceso judicial.